Narcos usan resguardos para evadir prisión en Colombia
Investigación destapa presunta red de corrupción entre criminales, cabildos y funcionarios judiciales
Una delicada investigación judicial encendió las alarmas en Colombia tras revelar que reconocidos narcotraficantes y delincuentes condenados estarían utilizando certificados de pertenencia indígena para evitar cumplir penas en cárceles ordinarias. El escándalo involucra presuntamente a resguardos indígenas, juzgados y funcionarios públicos que habrían facilitado maniobras ilegales para beneficiar a criminales de alto perfil.
El caso más grave tiene como protagonista a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, señalado como líder de la estructura criminal Los de Dimax, una organización vinculada con homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y utilización de menores de edad para delinquir en el Valle del Cauca.
Alias Dimax fue condenado a 500 meses de prisión, equivalentes a más de 41 años de cárcel, por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y explotación de menores en actividades criminales. Sin embargo, después de pasar nueve años privado de la libertad, logró acceder a un beneficio judicial bajo el argumento de pertenecer a una comunidad indígena.
Cómo operaría el mecanismo para evitar la cárcel
La Constitución colombiana reconoce la jurisdicción especial indígena, permitiendo que miembros de comunidades ancestrales condenados por la justicia ordinaria puedan cumplir sus penas en resguardos indígenas, siempre que exista arraigo cultural y reconocimiento comunitario.
La medida busca proteger las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas y evitar la pérdida de identidad cultural dentro de los centros penitenciarios tradicionales. No obstante, las autoridades consideran que esta figura constitucional estaría siendo utilizada de manera fraudulenta por estructuras criminales.
Según los expedientes judiciales, Vacca Castillo solicitó en septiembre de 2024 el traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hacia el resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle del Cauca. Semanas después, un juzgado de Palmira autorizó el cambio de lugar de reclusión.
La situación tomó mayor gravedad cuando el Ministerio del Interior certificó oficialmente que alias Dimax pertenecía a dicha comunidad indígena, pese a que investigadores judiciales determinaron que no existían antecedentes familiares, raíces culturales ni vínculos históricos con el resguardo nasa.
Líderes indígenas desmintieron pertenencia del narcotraficante
Las inconsistencias no tardaron en aparecer. Durante las investigaciones, líderes del propio resguardo Kwe’sx Yu Kiwe declararon ante la Policía que alias Dimax jamás había permanecido dentro del territorio cumpliendo su condena y que, aunque figuraba en registros oficiales, “no pertenece realmente a la comunidad”.
Las autoridades encontraron además otra irregularidad: posteriormente el condenado apareció vinculado al resguardo indígena Gran Rosario, perteneciente al pueblo awá, pese a que inicialmente había sido reconocido como integrante de una comunidad nasa.
Investigadores consultados indicaron que ambas comunidades poseen estructuras sociales, culturales y sistemas de justicia completamente distintos, por lo que el traslado entre ellas no tendría sustento jurídico ni cultural.
Uno de los funcionarios judiciales que participa en el caso advirtió que estas inconsistencias evidenciarían una posible red de corrupción destinada a desnaturalizar los beneficios constitucionales creados para los pueblos indígenas.
Nuevos cambios de resguardo aumentan sospechas
El expediente judicial también reveló que, en abril de este año, el Ministerio del Interior renovó nuevamente la información sobre alias Dimax y lo ubicó en el resguardo indígena Munchique Los Tigres, en Santander de Quilichao, Cauca.
Pese a las dudas existentes sobre su verdadera pertenencia étnica, el juzgado permitió que continuara cumpliendo su condena bajo jurisdicción indígena, argumentando problemas de seguridad relacionados con la presencia de grupos armados ilegales.
Los documentos conocidos por investigadores concluyen que no existe evidencia de arraigo cultural, permanencia territorial ni reconocimiento comunitario auténtico del condenado, elementos fundamentales para acceder al tratamiento diferencial indígena.
Las autoridades consideran que el caso podría constituir fraude procesal, falsedad en documentos públicos y actuaciones irregulares dentro de entidades estatales.
Otros delincuentes también estarían usando certificados indígenas
La investigación no se limita al caso de alias Dimax. Documentos reservados de la Policía señalan que otros procesados por delitos graves también habrían intentado obtener beneficios similares mediante certificaciones indígenas presuntamente irregulares.
Entre los nombres mencionados aparecen Wilfer Contreras Cubillos, investigado por tráfico de estupefacientes; José Aníbar Granda Ramos, señalado por concierto para delinquir; Vladimir Rincón Muñoz, relacionado con la banda Los Espartanos; además de Heber Andrés Quiceno Payán y Ánderson Torres Londoño, ambos vinculados con homicidios.
Los investigadores sostienen que algunos funcionarios públicos y políticos del suroccidente colombiano también estarían realizando acercamientos con cabildos indígenas buscando eventuales beneficios judiciales en caso de enfrentar procesos penales o condenas por corrupción.
Autoridades investigan posible infiltración institucional
El escándalo ha generado preocupación en diferentes organismos judiciales y de control, pues la hipótesis principal apunta a una estructura organizada que habría infiltrado cabildos, juzgados y entidades estatales para facilitar certificaciones falsas o manipuladas.
Expertos consultados consideran que este tipo de maniobras representan un grave riesgo para la credibilidad de la jurisdicción especial indígena y para la protección legítima de los derechos de las comunidades ancestrales en Colombia.
Lo que originalmente nació como una garantía constitucional destinada a preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas, hoy estaría siendo utilizado como una estrategia para evadir la justicia y continuar actividades criminales fuera de las cárceles ordinarias.
Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red de corrupción y establecer responsabilidades penales tanto en funcionarios públicos como en particulares involucrados en estos beneficios irregulares.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
