Multas millonarias contra exinterventor de Nueva EPS generan polémica
Una nueva controversia sacude al sistema de salud en Colombia tras conocerse las millonarias multas impuestas por la justicia contra Bernardo Camacho, quien se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS entre 2024 y 2025.
Durante su administración, Camacho acumuló sanciones que superan los 2.117 millones de pesos, derivadas principalmente de fallos de tutela incumplidos y desacatos judiciales relacionados con la prestación de servicios de salud a los usuarios. Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre enero y julio de 2025, según información oficial de la Rama Judicial.
Multas y desacatos: el origen de las sanciones
Las sanciones económicas tienen su origen en múltiples incidentes de desacato a órdenes judiciales que exigían garantizar tratamientos, medicamentos y atención médica oportuna a pacientes afiliados a la Nueva EPS, la más grande del país con más de 11,5 millones de usuarios.
Adicionalmente, el entonces representante legal de la entidad, Luis Fernando Bernal, también fue objeto de multas que alcanzan cerca de 196 millones de pesos por situaciones similares.
Estos procesos fueron confirmados a través de un derecho de petición respondido por el Consejo Superior de la Judicatura, documento que salió a la luz en medio de investigaciones políticas y judiciales que rodean al sector salud.
Aunque las sanciones recaen directamente sobre los funcionarios y no sobre la entidad como persona jurídica, expertos señalan que reflejan fallas estructurales en la gestión administrativa de la EPS durante ese periodo.
Un problema que supera la capacidad de pago
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que Camacho no ha pagado las multas impuestas. De acuerdo con la información disponible, el monto total de las sanciones supera ampliamente el patrimonio que declaró al asumir el cargo, lo que pone en evidencia una imposibilidad material de responder económicamente.
Esto ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las sanciones judiciales en este tipo de casos, así como sobre los mecanismos de control a funcionarios que administran recursos públicos en el sector salud.
Hasta el momento, el exfuncionario no ha emitido una respuesta pública frente a estos señalamientos, pese a que se intentó obtener su versión.
Implicaciones políticas y cuestionamientos al Gobierno
El caso no solo tiene repercusiones administrativas, sino también políticas. El actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta un proceso de investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el nombramiento de Camacho como superintendente de Salud.
Este nombramiento se produjo en un contexto polémico, ya que Jaramillo ejercía funciones presidenciales encargadas durante la ausencia de Gustavo Petro, y ya existían cuestionamientos sobre la gestión de Camacho en la Nueva EPS.
La situación ha generado inquietud en sectores políticos, debido a que no es común que un ministro en ejercicio sea investigado por este tipo de decisiones administrativas.
Reuniones clave y manejo del sistema
Antes de su salida del cargo, Camacho participó en varias reuniones estratégicas convocadas por el Ministerio de Salud. Entre enero y marzo de 2025 se realizaron al menos nueve encuentros con agentes interventores de distintas EPS del país.
En estas reuniones se abordaron temas críticos como el flujo de recursos, la contratación con redes públicas, la entrega de medicamentos y el estado de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los usuarios.
Entre las entidades convocadas estuvieron varias EPS intervenidas, reflejando la magnitud de la crisis del sistema de salud colombiano, que actualmente tiene bajo supervisión estatal a una gran parte de sus usuarios.
Cambio de mando y panorama incierto
Tras la renuncia de Camacho a mediados de abril de 2025, el control de las EPS intervenidas quedó en manos de Daniel Quintero, quien asumirá esta responsabilidad de manera temporal.
Su gestión será clave en un momento crítico, con un sistema de salud presionado por problemas financieros, fallas en la atención y crecientes demandas judiciales por parte de los ciudadanos.
Un síntoma de una crisis más profunda
Más allá de las responsabilidades individuales, este caso evidencia las profundas dificultades que enfrenta el sistema de salud en Colombia. El alto número de tutelas y desacatos refleja la incapacidad de algunas entidades para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud.
Analistas coinciden en que se requieren reformas estructurales que fortalezcan la supervisión, mejoren la gestión de recursos y aseguren una atención oportuna y de calidad para los millones de afiliados.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de las multas contra Bernardo Camacho se convierte en un nuevo capítulo de la compleja situación del sistema sanitario colombiano, donde las decisiones administrativas y políticas tienen un impacto directo en la vida de millones de ciudadanos.
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