Muere Catalina Giraldo tras acceder a la eutanasia en Colombia: su caso reabre el debate sobre el suicidio médicamente asistido
La psicóloga colombiana Catalina Giraldo, de 30 años, falleció el pasado 9 de julio tras acceder al procedimiento de eutanasia, poniendo fin a una larga batalla contra enfermedades mentales que, según ella misma expresó en varias oportunidades, le provocaban un sufrimiento constante e insoportable. Su historia marcó un precedente en Colombia al convertirse en uno de los casos más representativos de la discusión sobre el derecho a la muerte digna y la necesidad de reglamentar el suicidio médicamente asistido.
Durante los últimos años, Giraldo buscó que el sistema de salud colombiano le permitiera acceder al suicidio médicamente asistido, un procedimiento que fue despenalizado por la Corte Constitucional bajo determinadas condiciones, pero que aún carece de una reglamentación específica que permita su aplicación en la práctica.
Su fallecimiento no solo cierra una intensa batalla judicial, sino que también vuelve a poner sobre la mesa el debate jurídico, médico y ético sobre los mecanismos disponibles para garantizar el derecho a morir dignamente en Colombia.
Una década enfrentando enfermedades de salud mental
Catalina Giraldo convivió durante aproximadamente diez años con diagnósticos de trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.
De acuerdo con la información divulgada por su defensa y por medios nacionales, durante ese tiempo recibió múltiples tratamientos especializados con el propósito de mejorar su condición.
Entre las alternativas terapéuticas que intentó se encontraban cerca de 40 esquemas farmacológicos, procesos prolongados de psicoterapia, terapia electroconvulsiva, infusiones de ketamina y varias hospitalizaciones por crisis psiquiátricas.
Desde 2019 fue internada en al menos nueve ocasiones y sobrevivió a varios intentos de suicidio.
En entrevistas concedidas meses antes de su muerte, Catalina manifestó que el sufrimiento que experimentaba era permanente y que sentía haber agotado todas las alternativas disponibles para mejorar su calidad de vida.
La batalla por acceder al suicidio médicamente asistido
Inicialmente, en septiembre de 2025, Catalina solicitó a su EPS la autorización para acceder a la eutanasia.
La petición fue rechazada porque la entidad consideró que aún existían tratamientos disponibles y que no cumplía con todos los criterios establecidos para autorizar el procedimiento.
Posteriormente, junto a su abogado Lucas Correa Montoya, decidió emprender un camino diferente: solicitar la autorización para acceder al suicidio médicamente asistido.
La diferencia entre ambos procedimientos es fundamental.
Mientras que en la eutanasia el medicamento que produce la muerte es administrado por un profesional de la salud, en el suicidio médicamente asistido es el propio paciente quien, con supervisión médica y tras cumplir los requisitos legales, decide administrarse el fármaco.
Para Catalina, esta posibilidad representaba una mayor expresión de autonomía sobre las decisiones relacionadas con el final de su vida.
Sin embargo, su EPS volvió a negar la solicitud argumentando que no existía una reglamentación expedida por el Ministerio de Salud que estableciera el procedimiento para llevarla a cabo.
Un vacío jurídico que sigue sin resolverse
La situación de Catalina puso en evidencia un vacío legal existente en Colombia.
En 2022, la Corte Constitucional determinó que un médico no incurre en responsabilidad penal cuando presta asistencia al suicidio de una persona que padezca una enfermedad grave e incurable que le genere sufrimiento físico o psicológico incompatible con su concepto de vida digna, siempre que exista un consentimiento libre e informado.
No obstante, aunque esa conducta dejó de ser castigada penalmente bajo esas circunstancias, el país todavía no cuenta con una reglamentación que establezca cómo debe realizarse el procedimiento dentro del sistema de salud.
Ante esa ausencia normativa, muchas entidades prestadoras de salud consideran que no tienen herramientas jurídicas para autorizar este tipo de solicitudes.
La tutela que no prosperó
Con el acompañamiento de su abogado, Catalina presentó una acción de tutela para reclamar la protección de su derecho fundamental a una muerte digna.
En esa demanda solicitó que se ordenara a su EPS autorizar el suicidio médicamente asistido y que tanto el Ministerio de Salud como el Congreso expidieran la reglamentación necesaria.
Sin embargo, el juez negó la tutela al considerar que previamente debía agotarse el procedimiento de revisión de la negativa de la eutanasia mediante un segundo comité médico.
La defensa de Catalina sostuvo que esa interpretación confundía dos mecanismos jurídicamente distintos, pues ella ya no estaba solicitando eutanasia sino asistencia médica al suicidio.
Posteriormente, el caso llegó a conocimiento de la Corte Constitucional con la expectativa de obtener un pronunciamiento de fondo que permitiera establecer reglas claras para este procedimiento.
No obstante, antes de que existiera una decisión definitiva, Catalina finalmente accedió a la eutanasia.
Falleció tras acceder a la eutanasia
Después de varios meses de procesos médicos y legales, Catalina Giraldo murió el 9 de julio mediante el procedimiento de eutanasia, opción que finalmente fue autorizada dentro del sistema de salud colombiano.
Antes de su fallecimiento, dejó claro que su deseo era contribuir a que otras personas que atraviesen situaciones similares encuentren mecanismos más claros para ejercer el derecho a una muerte digna.
Su abogado informó que la intención de Catalina era que la Corte Constitucional analizara de fondo el caso, incluso después de su muerte, con el objetivo de eliminar las barreras existentes para quienes soliciten el suicidio médicamente asistido.
Un caso que reabre el debate nacional
La historia de Catalina Giraldo ha generado un amplio debate entre expertos en bioética, profesionales de la salud, organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas.
Mientras algunos consideran urgente reglamentar el suicidio médicamente asistido para garantizar el derecho reconocido por la Corte Constitucional, otros sostienen que es necesario fortalecer primero la atención integral en salud mental y los cuidados especializados para las personas que enfrentan enfermedades psiquiátricas graves.
El caso también evidencia los desafíos que aún enfrenta el sistema de salud colombiano para responder a situaciones complejas relacionadas con la autonomía de los pacientes, la atención en salud mental y el alcance del derecho a morir dignamente.
Si usted o alguien cercano está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda inmediata. En Colombia existen líneas de atención en salud mental y servicios de urgencias disponibles para brindar acompañamiento profesional.
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