Un menor fue víctima en bombardeo contra el ELN en el Catatumbo
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que uno de los siete integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) abatidos en recientes operaciones militares en el Catatumbo era menor de edad, hecho que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales de la región.
Los cuerpos corresponden a personas fallecidas durante bombardeos selectivos realizados por el Ejército Nacional el pasado miércoles en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, como parte de una ofensiva contra estructuras guerrilleras responsables de ataques reiterados contra campesinos, comunidades indígenas y población civil.
Medicina Legal confirma siete muertos
En un comunicado oficial, Medicina Legal informó que el 4 de febrero ingresaron a la Dirección Seccional Norte de Santander, en Cúcuta, los cuerpos de siete personas, entre ellas tres mujeres y cuatro hombres, fallecidas en el marco de las operaciones militares en el Catatumbo.
“A la fecha se han identificado cinco cuerpos, los cuales ya fueron entregados a sus familiares. Uno de ellos corresponde a un menor de edad”, señaló la entidad, que agregó que continuará informando sobre los avances de los análisis forenses y la identificación de los dos cuerpos restantes.
Los exámenes permitieron establecer la identidad de la mayoría de los fallecidos, quienes fueron trasladados por sus familiares a sus lugares de origen para las respectivas exequias.
Bombardeos en Tibú y ofensiva militar
Las operaciones militares se desarrollaron tras labores de inteligencia que ubicaron campamentos del ELN en puntos estratégicos del Catatumbo, una región históricamente golpeada por el conflicto armado, el narcotráfico y la presencia de múltiples grupos ilegales.
Según fuentes oficiales, los bombardeos buscaban neutralizar a combatientes responsables de acciones violentas en municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, donde se han denunciado extorsiones, desplazamientos forzados y amenazas contra la población civil.
No obstante, la confirmación de la muerte de un menor reavivó el debate sobre el uso de este tipo de operaciones en zonas con alta presencia de comunidades vulnerables.
Advertencias previas y críticas de defensores
Antes del operativo, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, había instado al Gobierno nacional a verificar exhaustivamente el área para evitar posibles afectaciones a menores de edad y población civil.
Tras conocerse el informe de Medicina Legal, defensores de derechos humanos del Catatumbo condenaron la acción militar y pidieron al presidente Gustavo Petro priorizar el retorno a los diálogos de paz con el ELN.
“Hoy los jóvenes no tienen oportunidades en el Catatumbo, y eso los obliga a buscar las filas de los grupos armados”, afirmó Enrique Pertúz, líder de la red departamental de defensores de derechos humanos. Según explicó, la falta de acceso a educación superior, empleo y proyectos productivos sigue alimentando el reclutamiento forzado.
Llamado a retomar negociaciones
Pertúz también cuestionó el rumbo de la política de paz del Gobierno y pidió restablecer los canales de diálogo con el ELN. “Este gobierno no puede irse sin dejar instalada la mesa de negociación con esta organización. Hoy lanzamos un S.O.S. desde las comunidades, porque las principales víctimas siguen siendo los civiles”, señaló.
Las críticas se intensificaron luego de que medios independientes confirmaran que apenas 36 horas antes del bombardeo, una comisión gubernamental encabezada por Víctor Currea de Lugo estuvo en el Catatumbo participando en una mesa paralela de diálogo con el ELN, con acompañamiento internacional y en coordinación con la delegación oficial liderada por Vera Grabe, jefa negociadora desde 2023.
Una región atrapada entre la guerra y la paz
El Catatumbo continúa siendo uno de los territorios más complejos del país, donde la presencia del Estado, los grupos armados y los intentos de negociación conviven en medio de una profunda crisis social y humanitaria.
La muerte del menor en medio de un bombardeo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la acción militar, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la urgencia de soluciones integrales que combinen seguridad, inversión social y salidas negociadas al conflicto armado.
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