Asesino de Miguel Uribe Turbay ahora figura como víctima en el proceso judicial
Un giro inesperado en el proceso judicial por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ha desatado controversia en el país. El menor de edad que confesó haber ejecutado el crimen fue reconocido como víctima dentro del mismo expediente que investiga el magnicidio, una decisión que ha generado indignación y un intenso debate jurídico.
El homicidio ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Según la investigación, el adolescente actuó con premeditación, tras recibir instrucciones precisas de una red criminal dedicada al sicariato. Antes de disparar, habría manifestado su intención de cumplir la misión sin titubeos.
De acuerdo con su propia declaración ante la Fiscalía General de la Nación, el menor reconoció haber identificado a la víctima por una fotografía previamente suministrada por los cabecillas de la organización. Posteriormente, se acercó entre la multitud y disparó con un arma modificada para ráfagas, cumpliendo el plan establecido.
De victimario a víctima
A pesar de su confesión y de haber sido sancionado con siete años de internamiento, el menor ahora figura como víctima en el proceso que se adelanta contra otros implicados, entre ellos Jhorman David Mora, señalado de reclutarlo para ejecutar el crimen.
La acusación sostiene que Mora hacía parte de una estructura criminal dedicada a captar menores de edad para la comisión de delitos graves, incluidos homicidios. Por cada joven reclutado, recibía dinero, lo que evidenciaría una práctica sistemática de instrumentalización de adolescentes en actividades ilícitas.
Este elemento ha sido clave para que la defensa del menor argumente su condición de víctima, al haber sido inducido y presionado por la organización criminal. Según su testimonio, uno de los cabecillas le advirtió que no podía retractarse y que su familia corría peligro si no cumplía la orden.
Un plan criminal detallado
Las investigaciones revelan que el asesinato no fue improvisado. Testimonios como el de Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, describen cómo el menor recibió instrucciones específicas sobre el uso del arma, la ejecución del ataque y la ruta de escape.
“El arma ya estaba programada para disparar en ráfaga”, indicó en su declaración, agregando que el joven fue advertido de manipularla solo en el momento del atentado.
Además, otros testigos han señalado que el adolescente mostró determinación y entusiasmo previo al crimen, lo que ha sido utilizado por la Fiscalía para demostrar su grado de responsabilidad.
Según las pruebas recolectadas, la red criminal operaba en sectores de la localidad de Engativá, donde presuntamente funcionaba una “oficina de sicarios” que utilizaba menores como ejecutores para evadir mayores sanciones penales.
Debate jurídico y ético
El reconocimiento del menor como víctima plantea un dilema complejo en el sistema judicial colombiano. Por un lado, se reconoce que fue instrumentalizado por una organización criminal; por otro, su papel como autor material del asesinato resulta incuestionable.
Expertos en derecho advierten que esta doble condición podría tener implicaciones a futuro, incluso la posibilidad de que el menor reclame reparaciones al Estado, lo que ha generado rechazo en sectores de la opinión pública.
La familia de Miguel Uribe Turbay, así como diversos actores políticos, han cuestionado la decisión, argumentando que desdibuja la responsabilidad penal y afecta el sentido de justicia para las víctimas directas del crimen.
Avances en la investigación
La Fiscalía ha logrado avances significativos en el caso, incluyendo varias condenas mediante preacuerdos con implicados en la planificación y ejecución del magnicidio. Sin embargo, el proceso sigue en curso y se espera que nuevas audiencias esclarezcan completamente la estructura criminal detrás del asesinato.
El testimonio del menor ha sido clave para identificar a los responsables y entender la dinámica interna de la organización. No obstante, su nueva condición jurídica añade un elemento de controversia que podría influir en el desarrollo del proceso.
Un caso que marca precedente
Este caso podría sentar un precedente en Colombia sobre el tratamiento judicial de menores involucrados en delitos graves bajo coerción o manipulación de estructuras criminales.
La delgada línea entre victimario y víctima queda en evidencia en un proceso que no solo busca justicia por un asesinato, sino también comprender las redes que explotan a jóvenes para ejecutar crímenes.
Mientras avanzan las investigaciones, el país sigue atento a las decisiones judiciales que definirán el alcance de la responsabilidad y los derechos de quienes, como este menor, ocupan un lugar ambiguo dentro del sistema penal.
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