Durante la audiencia del proceso contra Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el juez 29 de conocimiento de Bogotá reveló nuevos detalles sobre la estrategia utilizada por los responsables para eliminar pruebas y desviar la investigación.
Según la Fiscalía General de la Nación, Barragán intentó borrar información clave de su teléfono antes de entregarlo voluntariamente a las autoridades. Sin embargo, los investigadores lograron recuperar más de 1.800 mensajes de WhatsApp, muchos de ellos provenientes de un grupo llamado “Plata o Plomo”, en el que tres personas coordinaban los seguimientos al congresista del Centro Democrático.
“Los investigadores tienen medios tecnológicos que les permitieron recuperar más de 1.500 o 1.800 chats”, explicó el juez, destacando que esa información fue determinante para mantener la medida de aseguramiento contra el procesado.
El contenido de los mensajes recuperados evidenció no solo la planificación del ataque, sino también la ruta de escape que usarían los implicados tras el atentado ocurrido en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
El juez señaló que la defensa intentó argumentar que la obtención de esos mensajes fue “ilícita”, pero el tribunal concluyó que la actuación de la Fiscalía fue legal y que la eliminación de los datos fue un intento deliberado de encubrir la verdad.
“Se evidenció un plan establecido para desviar la atención de los investigadores. La información del WhatsApp fue borrada del celular, pero pudo ser recuperada”, indicó el juez, recordando que el hecho generó conmoción nacional.
La investigación también determinó que Daniel Barragán Ovalle habría sido el encargado de contactar a los menores de edad que ejecutarían el atentado, además de coordinar la obtención del arma tipo Glock 9 mm, el transporte de los implicados y la fuga del autor material y sus acompañantes.
Barragán fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. La Fiscalía asegura que su papel fue fundamental en la logística del ataque que buscaba acabar con la vida del senador Miguel Uribe Turbay.
