Luego de más de 36 horas de angustia e incertidumbre, los 18 soldados del Ejército Nacional secuestrados en el departamento del Chocó recuperaron su libertad en la noche de este lunes 22 de diciembre. La liberación se logró gracias a la mediación de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, el Ministerio del Interior y autoridades departamentales.
Los uniformados habían sido retenidos por miembros de la comunidad indígena de Río Claro, en el resguardo La Puria, perteneciente al pueblo Embera Katío, mientras adelantaban operaciones militares contra el grupo armado organizado ELN en esta zona del país, una de las más complejas en materia de orden público.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros en confirmar la noticia a través de su cuenta en X, donde celebró la liberación, pero lanzó un fuerte mensaje contra la instrumentalización de comunidades por parte de grupos armados ilegales.
“No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional”, afirmó el funcionario.
Sánchez también anunció que el Gobierno interpondrá denuncias penales por secuestro, obstrucción a la función pública y violaciones al derecho internacional humanitario, especialmente por la exposición pública de los rostros y datos personales de los militares, lo que puso en riesgo su seguridad.
Desde la Séptima División del Ejército, se confirmó que los soldados pertenecen a la Brigada 15 y que su liberación se produjo tras cerca de cuatro horas de diálogo con una comisión humanitaria que actuó de manera inmediata al conocerse el secuestro.
“Nuestros hombres regresaron a salvo tras permanecer retenidos por 36 horas mientras cumplían operaciones contra el GAO ELN”, indicó la institución.
Las autoridades judiciales ya adelantan investigaciones para establecer responsabilidades individuales, mientras el Gobierno reiteró que mantendrá la presencia de la Fuerza Pública en el territorio y continuará las operaciones contra las estructuras armadas ilegales que operan en el Chocó.
Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre el uso de comunidades civiles en medio del conflicto armado y la persistente tensión en zonas donde convergen pobreza, abandono estatal y presencia de grupos armados.
