Sanitas, la EPS con 5,7 millones de afiliados operada por el grupo español Keralty, ha manifestado estar “devastada” tras la intervención decretada por el gobierno de Petro en abril de 2024, y luego anulada por la Corte Constitucional. La EPS señala que fue objeto de persecución administrativa y financiera, y que, a pesar de la reversión judicial, el daño moral, institucional y económico perdura, impactando la capacidad operativa de la entidad.
Por su parte, el gobierno defiende la medida alegando que buscaba combatir un sistema de salud ineficiente y corrupto. Keralty responde acusando persecución política. La anulación por parte de la Corte no resolvió los problemas internos, pero deja a Sanitas en una fase crítica, con fuerte desgaste de confianza y funcionamiento limitado. La controversia evidencia las tensiones del proceso de reforma del sistema de salud colombiano.
Fuente: El País.
