Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes fueron convocadas este miércoles para retomar el debate sobre la consolidación del Ministerio de Igualdad, una cartera creada por el Gobierno de Gustavo Petro en 2022 pero declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite.

Un debate que vuelve en medio de una crisis fiscal

La discusión llega en un momento político y económico complejo. Aunque en el pasado los congresistas habían avalado su implementación, hoy el panorama es distinto: el Gobierno entra en su recta final y el país enfrenta una crisis presupuestal, con un déficit fiscal que, según la representante Piedad Correal, llega al –5,4 % del PIB.

Correal cuestionó la iniciativa señalando que este “es el momento más inoportuno para crear más burocracia y más ministerios”, advirtiendo que ampliar el funcionamiento del Estado agravaría la situación fiscal.

Una estructura costosa y cuestionada

El Ministerio de Igualdad implicaría la creación de una amplia estructura burocrática:

  • Cinco viceministerios

  • Diez oficinas asesoras

  • Despachos territoriales en todo el país

El costo estimado de su operación sería de 3,5 billones de pesos entre 2026 y 2028, una cifra que ha despertado fuertes críticas en varios sectores políticos.

El senador Carlos Fernando Motoa cuestionó que el ministerio destina miles de millones de pesos a actividades y eventos que, según él, “no tienen control efectivo ni impacto real en disminuir la desigualdad”.

El Gobierno defiende su permanencia

Pese a las críticas, el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, insiste en que la cartera debe mantenerse. Argumenta que el ministerio es responsable de implementar 24 políticas públicas dirigidas a 14 sectores poblacionales, y que su diseño busca centralizar la política social del Estado.

Baja ejecución y dudas administrativas

Otro de los puntos más polémicos es la baja ejecución presupuestal del Ministerio:

  • Cerca del 1 % en 2024

  • Alrededor del 0,3 % en 2023

La senadora Paloma Valencia —quien radicó la ponencia para archivar el proyecto— afirmó que el Ministerio “no ha servido para nada” y criticó que los recursos se hayan manejado a través de una fiducia, lo que, según ella, sugiere la existencia de “una doble nómina”.

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