El mandatario colombiano enfrenta un aislamiento financiero sin precedentes. Bancos nacionales y extranjeros se abstendrían de ofrecerle servicios por temor a sanciones de Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro atraviesa una de las crisis más delicadas de su mandato, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera, junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida mundialmente como la Lista Clinton.
La medida, emitida el 24 de octubre, convierte a Petro en el primer presidente colombiano en ejercicio sancionado por la OFAC, y ha generado una tensión inmediata con el sistema financiero nacional e internacional.
Aislamiento bancario y “muerte financiera”
La inclusión en la Lista Clinton equivale, según expertos, a un bloqueo total dentro del sistema financiero global.
Las personas o entidades enlistadas no pueden mantener cuentas bancarias, acceder a productos financieros ni participar en transacciones internacionales, debido a que los bancos temen sanciones de Estados Unidos por “efecto contagio”.
En Colombia, los bancos —todos con vínculos directos con instituciones estadounidenses— podrían cerrar cualquier cuenta o negar servicios al mandatario y su círculo cercano.
Así lo recordó Asobancaria al manifestar su compromiso con los estándares internacionales de cumplimiento (compliance), afirmando que actuará conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas locales.
“¿Obedecerán la ley extranjera o la Constitución colombiana?”
El presidente Petro respondió con tono desafiante a la banca nacional:
“Vamos a ver si los bancos en Colombia obedecen la ley de un país extranjero o a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Corte Constitucional”, escribió en su cuenta de X.
Días antes, el mandatario ya había anticipado su inconformidad:
“Puedo entender que un banco extranjero me diga no, pero que un banco nacional me diga que no me abre una cuenta siendo el presidente y jefe del Estado, me parece una grosería conmigo y con mi país. ¿Acaso son oficina de asuntos extranjeros?”, publicó.
Opiniones divididas en el sector jurídico y financiero
De acuerdo con expertos consultados por SEMANA, aunque el sistema financiero es un servicio público, su prestación es condicional y regulada.
Un alto exfuncionario del Ministerio de Hacienda explicó que la inclusión en la OFAC es una causal objetiva para negar o cancelar servicios financieros:
“El riesgo que se asume si no se bloquean los productos es enorme: la entidad puede ser considerada cómplice de lavado o terminar también en la lista, además de perder acceso a los mercados internacionales”, advirtió.
El ex presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, recordó que incluso esta entidad pública mantiene cuentas en Citigroup y J.P. Morgan.
“No es opcional. Quien está incluido en la OFAC automáticamente deja de tener relación con empresas o bancos norteamericanos”, explicó.
Lo que dice la Corte Constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia T-468 de 2003, estableció que las entidades financieras pueden negar la apertura o continuidad de una cuenta cuando existan causales objetivas de riesgo, entre ellas, la inclusión en la Lista Clinton.
El alto tribunal destacó que dicha negativa es legítima “en razón de las graves consecuencias económicas y reputacionales que podría sufrir la banca colombiana”.
Asimismo, precisó que no es necesario que la persona esté condenada penalmente para que se aplique la restricción, ya que el interés general y la protección de los ahorradores prevalecen sobre los derechos individuales en estos casos.
¿Puede el presidente tener una cuenta bancaria?
Los analistas consideran que la situación del jefe de Estado es casi insostenible desde el punto de vista operativo.
“Podrá seguir recibiendo su salario, pero no podrá tener una cuenta activa en el sistema financiero. Habría que pagarle en efectivo, lo cual es inviable y riesgoso”, señaló un abogado experto en derecho financiero.
Las entidades de seguridad social, sin embargo, estarían obligadas a garantizar aportes a salud y pensión, de acuerdo con la doctrina de la Superintendencia Financiera.
Riesgo institucional y pérdida de confianza internacional
El panorama se agrava por la reciente suspensión de Colombia del Grupo Egmont, red internacional encargada del intercambio de inteligencia financiera, tras la polémica filtración del mandatario sobre el software Pegasus.
Sin esa cooperación, la confianza internacional en la institucionalidad financiera colombiana se encuentra debilitada, advierten fuentes del sector.
Un futuro financiero incierto
De acuerdo con juristas, Petro podría intentar acciones legales o tutelas alegando protección al consumidor financiero, aunque reconocen que el margen de maniobra es mínimo.
“Cualquier funcionario que ordene abrirle una cuenta se arriesgaría a ser incluido también en la OFAC. Sería un suicidio jurídico y reputacional”, dijo un abogado consultado.
Algunos analistas van más allá y advierten sobre posibles presiones del Ejecutivo sobre la banca nacional, lo que podría derivar en un riesgo sistémico para el sector financiero.
“Los recursos en los bancos son de los ahorradores, no del Gobierno. Si se llegara a forzar una medida contraria a las reglas internacionales, la consecuencia sería una crisis de confianza en el sistema”, concluyó una fuente del sector.
Fuentes: SEMANA, Corte Constitucional (Sent. T-468/03), Asobancaria, Departamento del Tesoro de EE. UU., Superintendencia Financiera, Grupo Egmont y expertos en derecho financiero.
