La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo fiscal por $213.548.069 relacionado con el uso irregular de aeronaves de la Policía Nacional para fines no justificados, en hechos asociados a la joven funcionaria Juliana Guerrero, vinculada al Ministerio del Interior.
Según el organismo de control, los vuelos —realizados el 19 y 20 de junio de 2025 bajo el convenio 400-2025— fueron reportados como actividades de “reunión comunidad”. Sin embargo, las investigaciones evidenciaron que el verdadero propósito era el traslado de Guerrero para asistir a una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, actividad ajena a las funciones del proyecto y del Ministerio. En algunos vuelos también participó su hermana, quien no tiene vínculo contractual con la entidad.
Gastos sin justificación y uso indebido de recursos públicos
Las aeronaves empleadas incluyeron un ATR-42 y helicópteros Bell-212, generando un gasto superior a $213 millones en combustible. De acuerdo con la Contraloría, los reportes presentados por la Policía y el Ministerio no explican por qué estos desplazamientos eran necesarios para las actividades del convenio, cuyo objetivo era apoyar el proyecto “Atención al Pueblo Embera”.
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez criticó la falta de supervisión y recalcó que estos hechos constituyen una gestión fiscal ineficiente e indebida:
“Cuando se suscriben convenios, estos deben ejecutarse en el marco de las funciones para las cuales fueron creados. No puede justificarse un gasto público sin relación con el objeto contractual”, afirmó.
Qué sigue en el proceso
El caso será trasladado a la Delegada de Responsabilidad Fiscal para determinar las posibles sanciones. Según la Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, el procedimiento podría avanzar por tres vías:
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Archivo del proceso, si no existen fundamentos suficientes.
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Apertura de una indagación preliminar, para ampliar la investigación.
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Inicio de juicio de responsabilidad fiscal, si se evidencia gravedad en los hechos.
La entidad también advirtió que la situación tiene connotación disciplinaria, por lo que otras autoridades podrían intervenir.
Requerimientos al Ministerio del Interior
En una carta dirigida a la secretaria general del Ministerio, Nancy Stella Patiño León, la Contraloría exigió la presentación de un plan de mejoramiento en diez días hábiles, con el fin de evitar nuevas irregularidades y corregir las fallas detectadas en la supervisión del convenio.
Este caso se suma a otros señalamientos recientes contra Guerrero, cuestionada previamente por su falta de experiencia y por haber sido promovida dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro pese a las polémicas.
