Juicio de Nicolás Maduro en EE. UU. da un nuevo giro por disputa sobre su defensa
El proceso penal contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo luego de que fiscales federales presentaran un documento clave ante la justicia que podría impactar el desarrollo del caso.
La disputa gira en torno a un punto central: si el exgobernante puede utilizar fondos del Estado venezolano para pagar a sus abogados mientras enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York.
El documento, entregado por los fiscales al juez federal Alvin Hellerstein, sostiene que Maduro no debería tener acceso a recursos del gobierno venezolano para financiar su defensa legal, debido a que Estados Unidos no lo reconoce como líder legítimo del país desde hace varios años.
La controversia ocurre a pocos días de la segunda audiencia judicial del caso, programada para el 26 de marzo de 2026, en la que también deberá comparecer su esposa, Cilia Flores.
El debate por los fondos para la defensa
El conflicto legal comenzó después de que el abogado principal de Maduro, Barry Pollack, solicitara al tribunal desestimar la acusación.
Según la defensa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría interferido en el derecho constitucional del exmandatario a tener un abogado al impedir que Venezuela cubra los costos de su representación legal.
Pollack argumentó que, bajo la legislación venezolana, los gastos jurídicos de un presidente o exmandatario deben ser asumidos por el Estado. Por ello, pidió al tribunal que anule los cargos si el gobierno estadounidense mantiene el bloqueo financiero.
Sin embargo, la Fiscalía respondió con un documento en el que calificó esa solicitud como “extraordinaria”.
El papel de la OFAC
El centro de la disputa está en las decisiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una entidad del Departamento del Tesoro encargada de administrar las sanciones económicas contra gobiernos y personas sancionadas.
Los fiscales explicaron que la OFAC sí permitió que Maduro utilice fondos personales para pagar a sus abogados. Pero rechazó una solicitud adicional que buscaba autorizar el uso de recursos provenientes del gobierno venezolano.
De acuerdo con el documento presentado ante la corte, la normativa de sanciones prohíbe que dinero perteneciente a una entidad sancionada sea utilizado para financiar la defensa de otra persona que también está bajo sanciones.
Por esa razón, la petición fue rechazada.
Los fiscales añadieron que esta decisión no viola el derecho a la defensa ni las garantías del debido proceso, como sostiene el equipo legal del exmandatario.
Argumentos del gobierno estadounidense
En su presentación ante el tribunal, la Fiscalía también sostuvo que Maduro y su esposa conocían desde hace años la posición del gobierno estadounidense sobre su legitimidad política.
“El Gobierno de Estados Unidos no los considera ocupantes legítimos de cargos oficiales”, señalaron los fiscales en el documento.
Además, indicaron que uno de los objetivos de las sanciones internacionales era presionar la salida del poder del gobierno venezolano encabezado por Maduro.
A pesar de la restricción sobre fondos estatales, las autoridades aseguraron que los acusados aún tienen la opción de usar recursos personales para financiar su defensa.
Captura y proceso judicial
El caso contra Maduro comenzó tras su captura el 3 de enero de 2026 durante una operación realizada por fuerzas estadounidenses en Caracas.
Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde compareció ante una corte federal y se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico.
Actualmente permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras avanza el proceso judicial.
La acusación sostiene que, durante su gobierno, Maduro habría participado en una red de narcotráfico que permitió el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.
Si es hallado culpable, el exmandatario podría enfrentar cadena perpetua.
Una audiencia clave el 26 de marzo
La audiencia programada para el 26 de marzo será clave para definir los próximos pasos del caso.
Durante esa sesión, el juez deberá analizar varias mociones presentadas por la defensa, incluida la solicitud para desestimar los cargos.
Además, se espera que el tribunal evalúe el impacto de la decisión de la OFAC sobre los fondos para la defensa legal.
Analistas jurídicos consideran que el debate sobre la financiación de los abogados podría convertirse en uno de los puntos más sensibles del proceso, ya que podría influir en la estrategia legal del exgobernante.
Por ahora, el caso contra Nicolás Maduro continúa avanzando en los tribunales estadounidenses, mientras crece la expectativa internacional sobre el resultado de uno de los procesos judiciales más relevantes en la política latinoamericana reciente.
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