Procuraduría investiga a funcionarios de Jamundí por presunta violación del debido proceso
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarias del municipio de Jamundí por presuntas irregularidades en un proceso administrativo relacionado con una obra en un condominio donde reside la alcaldesa Paola Castillo.
La decisión se produce tras revelaciones periodísticas que pusieron en evidencia posibles fallas en el manejo de un proceso policivo, el cual habría estado marcado por vulneraciones al debido proceso, generando controversia jurídica y política en la región.
Funcionarias bajo investigación
El ente de control confirmó que las funcionarias investigadas son Yexica Karime Obando Martínez, secretaria de Planeación y Coordinación Municipal; Fernelly Quijano Cerquera, inspector tercero de Policía; y Alejandra Janeth Jaramillo Quintero, quien ejerció como inspectora segunda encargada hasta el 29 de abril de 2026.
La investigación busca determinar si incurrieron en faltas disciplinarias como incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones o violación de normas legales en el desarrollo del proceso administrativo.
Presuntas irregularidades en el proceso
El caso tiene origen en una denuncia presentada por un residente del condominio, quien asegura que las actuaciones adelantadas por las autoridades locales estuvieron plagadas de errores procedimentales graves. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la falta de notificación de decisiones clave, lo que habría impedido el ejercicio pleno del derecho a la defensa.
Según la documentación aportada, durante una audiencia realizada el 29 de abril de 2026 ante la Inspección Segunda de Policía se solicitó la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no se respetaron las garantías procesales.
El denunciante sostiene que nunca fue notificado del acta correspondiente a una audiencia previa del 13 de abril, además de que no se resolvieron recursos interpuestos formalmente, como un recurso de reposición en subsidio de apelación y una solicitud de aplazamiento.
Desaparición del expediente genera alarma
Uno de los hechos más graves denunciados es la desaparición del expediente del caso. De acuerdo con el relato, el 30 de abril, al intentar revisar el proceso, se evidenció que la funcionaria encargada ya no estaba en el cargo, no dejó registro oficial de la audiencia del día anterior y el expediente no se encontraba en el despacho.
Esta situación ha encendido las alarmas sobre una posible ruptura en la cadena de custodia documental, lo que podría comprometer la validez de las actuaciones administrativas y derivar en sanciones disciplinarias severas.
Irregularidades en inspecciones técnicas
El denunciante también cuestiona el manejo de las visitas técnicas por parte de la Secretaría de Planeación. Según su versión, las inspecciones se limitaron a un grupo reducido de predios, pese a que la solicitud inicial contemplaba la revisión de todo el conjunto residencial.
Este hecho resulta llamativo, ya que —según el expediente— en ocasiones anteriores las visitas se realizaban de manera secuencial, cubriendo la totalidad de los inmuebles. La aparente selectividad en las inspecciones ha sido interpretada como un posible trato desigual.
Señalamientos de trato preferencial
La denuncia también involucra a la administración del condominio, encabezada por Diana Alexandra Martínez, por presuntas actuaciones que podrían vulnerar derechos fundamentales como la igualdad y la propiedad privada.
Uno de los ejemplos citados es el del predio 272, donde se habrían realizado construcciones sin licencias, incluyendo piscina, jacuzzi y un kiosco tipo BBQ, sin que se evidencien medidas correctivas por parte de las autoridades.
Según el denunciante, este tipo de situaciones podría evidenciar un posible conflicto de interés, especialmente porque uno de los propietarios tendría vínculos con el comité de infraestructura del conjunto residencial.
Acciones judiciales paralelas
El conflicto ha escalado al ámbito judicial. El denunciante interpuso una acción de tutela contra la administración del condominio, la cual fue fallada a su favor en dos instancias, reconociendo vulneraciones a derechos fundamentales como el derecho de petición y la igualdad.
Actualmente, cursa un incidente de desacato debido al presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces, lo que podría derivar en nuevas sanciones.
Además, el caso también ha dado lugar a denuncias penales que se encuentran en curso, lo que amplía el alcance de las investigaciones más allá del ámbito disciplinario.
Origen del conflicto
De acuerdo con los documentos conocidos, el denunciante adquirió el lote 287 en el condominio desde 2016. En 2025 inició una ampliación en su propiedad con una licencia de construcción otorgada mediante resolución oficial de la Secretaría de Planeación.
Sin embargo, tras el inicio de las obras, surgieron disputas con la administración del conjunto, que solicitó la revocatoria de la licencia. Paralelamente, el propietario también denunció posibles irregularidades urbanísticas en otros predios.
Una inspección realizada en marzo de 2026 concluyó que la construcción correspondía al proyecto aprobado y se ajustaba a las especificaciones técnicas autorizadas, aunque señaló algunas variaciones menores en los aislamientos.
Investigación en curso
La Procuraduría se encuentra actualmente en etapa de indagación, recopilando pruebas y testimonios para establecer responsabilidades. Este proceso será clave para determinar si existieron irregularidades que comprometan la transparencia y legalidad de las actuaciones administrativas en Jamundí.
El caso ha generado preocupación por posibles abusos de poder y falta de garantías procesales en la gestión pública local, al tiempo que pone bajo la lupa la actuación de varias dependencias del municipio.
Mientras avanzan las investigaciones, el proceso sigue abierto y podría tener implicaciones tanto disciplinarias como penales para los involucrados, en un caso que continúa generando debate sobre la legalidad, la transparencia institucional y el respeto al debido proceso en Colombia.
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