Incautan bienes de Charlie Zaa por más de $45.467 millones en investigación de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación informó sobre la ocupación con fines de extinción de dominio de cuatro bienes que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, dentro de una investigación que adelanta la jurisdicción de Justicia y Paz por una presunta relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los inmuebles, cuyo valor supera los 45.467 millones de pesos, corresponden a un centro comercial, un hotel y dos establecimientos nocturnos ubicados entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca. La medida fue ordenada por un juez de Justicia y Paz y, por ahora, tiene carácter cautelar mientras avanza el proceso judicial.
Fiscalía ocupó cuatro bienes del cantante
Según informó el ente investigador, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la ocupación material de los inmuebles, los cuales quedarán bajo la administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas mientras se resuelve el proceso.
Los bienes objeto de la medida son:
- Un centro comercial.
- Un hotel.
- Dos discotecas.
Estos inmuebles están ubicados en los municipios de Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).
La Fiscalía aclaró que la medida corresponde a una decisión judicial adoptada dentro de un proceso de Justicia y Paz y no implica una decisión definitiva sobre la propiedad de los bienes.
Investigación apunta a presuntos recursos del Bloque Tolima
La actuación judicial busca establecer si los activos investigados tendrían relación con recursos que habrían pertenecido al extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el entonces comandante de esa estructura armada ilegal, Diego José Martínez Goyeneche, conocido con el alias de «Daniel», habría utilizado a terceros para realizar inversiones y movimientos financieros con el propósito de ocultar el origen de los recursos.
Según el ente acusador, el objetivo habría sido impedir que esos bienes fueran identificados y destinados posteriormente a la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Estas afirmaciones hacen parte de la investigación y deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.
Fiscalía recopiló pruebas financieras y contables
Para solicitar las medidas cautelares, la Fiscalía indicó que adelantó una serie de actuaciones investigativas orientadas a reconstruir la trazabilidad de los bienes.
Entre las diligencias realizadas se encuentran:
- Inspecciones judiciales.
- Estudios financieros.
- Análisis registrales.
- Peritajes contables.
- Recolección de testimonios.
Con este material probatorio, el ente investigador sustentó ante la Sala de Justicia y Paz la necesidad de imponer las medidas cautelares sobre los inmuebles mientras continúa la investigación.
Los bienes quedan para reparación de víctimas
Mientras se define el futuro jurídico de los activos, estos permanecerán bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas, entidad encargada de administrar los bienes que ingresan a este tipo de procesos.
La finalidad de estas medidas es garantizar que, en caso de confirmarse un origen ilícito de los recursos, los bienes puedan ser utilizados para la reparación de las víctimas del conflicto armado, conforme a lo establecido en la legislación colombiana.
La decisión aún no es definitiva
La Fiscalía precisó que la decisión adoptada por el juez de Justicia y Paz corresponde a una medida cautelar de primera instancia, razón por la cual todavía no se encuentra en firme.
Las partes involucradas podrán ejercer los recursos previstos por la ley antes de que exista una decisión definitiva sobre la situación jurídica de los inmuebles.
Esto significa que el proceso judicial continúa y será durante las siguientes etapas cuando las autoridades determinen si existen elementos suficientes para mantener o levantar las medidas adoptadas.
Investigación sigue en curso
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre imputaciones o condenas relacionadas con este proceso. La investigación continúa en desarrollo y busca establecer el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes y si existe algún vínculo con las actividades del extinto Bloque Tolima de las AUC.
Como en toda actuación judicial, las personas vinculadas al proceso conservan la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.
La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades que puedan derivarse de este caso, uno de los más relevantes conocidos recientemente en el marco de los procesos de Justicia y Paz en Colombia.
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