El presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse que el evento de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP) deberá repetirse, esta vez con un costo cercano a 3.900 millones de pesos.
Según reveló la revista SEMANA, la repetición del acto se debe a la ausencia del jefe de Estado en el evento original, programado el año pasado, al que no asistió por motivos de salud. El acto formaba parte de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad internacional en el genocidio de la UP.
Contratos millonarios bajo la lupa
El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, solicitó a la Contraloría General de la República investigar dos contratos firmados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el mismo propósito.
El primer contrato, con la entidad Plaza Mayor de la Alcaldía de Medellín, se ejecutó por $2.328 millones de pesos, aunque su proyección inicial era de $3.700 millones. Sin embargo, el evento no se realizó debido a la inasistencia del presidente Petro, quien argumentó sufrir un cuadro gripal.
“He suspendido mi agenda del día de hoy. Los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”, publicó Petro en su cuenta de X.
El segundo contrato, por $3.997 millones de pesos, fue suscrito con el canal regional Teleandina para organizar nuevamente el evento. El acuerdo incluye transporte, hospedaje, alimentación, y logística general, entre otros gastos.
Reacciones y cuestionamientos
La decisión ha generado un fuerte debate por el uso de recursos públicos. El concejal Daniel Briceño manifestó su inconformidad:
“El año pasado, por una ‘gripa’, Petro no asistió al evento de reconocimiento de responsabilidad del Estado con la UP. El evento no se realizó, pero los colombianos pagaron 2.328 millones de pesos por la logística que se perdió”, afirmó en declaraciones a SEMANA.
Briceño, quien aspira al Congreso de la República en 2026, pidió que los entes de control investiguen el aparente detrimento patrimonial:
“Este año volvieron a contratar por el mismo evento $3.997.805.444. ¿Quién responde por la plata que se perdió? Vamos a acudir a la Contraloría para que investigue”.
El concejal también cuestionó la falta de consecuencias por la pérdida de recursos:
“Aquí hay un evidente detrimento de 2.300 millones de pesos. En Colombia uno no puede permitir que se pierdan 2.300 millones y no pase absolutamente nada. El incumplimiento de un presidente no puede hacerle perder 2.300 millones de pesos a los ciudadanos”, aseguró Briceño.
Llamado a la transparencia
El caso pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la eficiencia en la ejecución del gasto público y la responsabilidad política y administrativa en la gestión de actos oficiales.
Mientras tanto, los ciudadanos y entes de control esperan conocer los resultados de las investigaciones para determinar si hubo o no un daño patrimonial al Estado.
