Imputarán cargos a fiscal que habría buscado testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Un nuevo episodio judicial sacude a la Fiscalía General de la Nación. El fiscal Álvaro León Polo, adscrito al grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional, será presentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá para la imputación de cargos por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
La decisión se produce tras una denuncia que señala que el funcionario habría presionado a un procesado por paramilitarismo con el fin de obtener declaraciones que comprometieran penalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un momento considerado clave dentro de las investigaciones que han rodeado al exmandatario.
La denuncia y el testimonio clave
Quien figura como víctima de las supuestas presiones es Jacinto Alberto Soto, conocido como alias “Lucas”, un exintegrante de estructuras paramilitares que fue investigado por el propio fiscal León Polo tras una compulsa de copias. Paradójicamente, esa misma investigación terminó derivando en un proceso contra el funcionario judicial.
Según la denuncia, el fiscal habría insistido de manera reiterada en que alias Lucas declarara en contra del expresidente Uribe y de varios empresarios, a cambio de beneficios judiciales y penitenciarios, como traslados de centro de reclusión y supuestas garantías de seguridad.
“En el curso de esta investigación (…) ha sido de un interés muy particular por parte del señor fiscal del caso que ha insistido a mi defendido en declarar en contra de empresarios y/o del señor Uribe”, señala el documento presentado por la defensa del procesado.
La indagatoria que encendió las alarmas
Uno de los elementos centrales del proceso es la indagatoria rendida por Jacinto Alberto Soto el 21 de julio de 2021, realizada en el búnker de la Fiscalía. Bajo la gravedad de juramento, el procesado afirmó que el fiscal León Polo le habría hecho ofrecimientos directos a cambio de declaraciones incriminatorias.
De acuerdo con el testimonio, las presiones no solo habrían incluido promesas de beneficios, sino también amenazas veladas, como el traslado a centros penitenciarios donde no tendría garantías de seguridad ni de defensa.
“La presión fue constante. De no acceder a lo que el fiscal solicitaba, sería enviado a un centro de reclusión sin garantías. Finalmente fue trasladado a la cárcel La Picota”, indica la denuncia.
Conversaciones y presunta animadversión
En la misma diligencia, alias Lucas relató un episodio ocurrido en 2017, en el que el fiscal León Polo habría sostenido una conversación con otro exparamilitar, alias “Monoleche”, en la que manifestó su intención de lograr que Jacinto Alberto Soto terminara en prisión.
“No descansaré hasta verlo en la cárcel”, habría dicho el fiscal, según lo narrado por el procesado, afirmación que, de acuerdo con la defensa, puede corroborarse con los audios anexos a la indagatoria.
Para los denunciantes, este episodio demostraría una animadversión personal del funcionario judicial y un uso indebido de su cargo para presionar testimonios.
Intentos fallidos de imputación
La Fiscalía ha intentado en dos ocasiones anteriores realizar la audiencia de imputación contra Álvaro León Polo, sin éxito. La tercera citación fue programada para el 23 de enero, pero el fiscal decidió recusar a la funcionaria encargada de imputarlo, lo que derivó en un nuevo aplazamiento del acto procesal.
Según fuentes judiciales, esta estrategia habría buscado evitar o dilatar la imputación formal, que en esta etapa constituye únicamente la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se le investiga.
Un caso de alto impacto político y judicial
El proceso cobra especial relevancia debido a que involucra indirectamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas más influyentes del país, y reaviva el debate sobre el uso del aparato judicial en investigaciones de alto perfil político.
De confirmarse las acusaciones, el caso podría tener repercusiones profundas en la credibilidad de la Fiscalía y en los procesos relacionados con la justicia transicional y los testimonios de exparamilitares.
Por ahora, la expectativa se centra en la audiencia de imputación y en las decisiones que adopte el Tribunal Superior de Bogotá frente a un caso que vuelve a poner en el centro del debate la independencia judicial, el abuso de poder y las garantías procesales.
