El presidente Gustavo Petro reveló nuevos detalles sobre las operaciones, negocios y planes de expansión de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a quien calificó como una amenaza creciente para la seguridad nacional.
Durante su alocución del 19 de noviembre, el mandatario aseguró que, pese a versiones previas sobre su posible muerte en un operativo militar en la Amazonía, el guerrillero continúa vivo y fortaleciendo su estructura armada.
Petro indicó que Mordisco busca consolidar “poder militar y control terrorista”, ampliando su accionar más allá del narcotráfico, considerado históricamente su principal fuente de financiación. Según el presidente, el cabecilla también estaría involucrado en el tráfico ilegal de minerales de tierras raras, comercializados con redes de contrabandistas y presuntamente enviados hacia Venezuela a través de zonas selváticas de difícil control estatal.
El presidente también señaló que detrás de Mordisco existiría un mando superior, identificado como Alirio Zárate, alias ‘Runcho’, presunto enlace con estructuras mafiosas. Petro pidió a las autoridades una investigación profunda para lograr su captura.
“Le pido al Estado colombiano que investigue esto en profundidad y logre la captura del capo de capos que maneja al señor Iván Mordisco”, afirmó.
El jefe de Estado aseguró que denunciará a Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional, calificándolo como criminal de guerra responsable de múltiples acciones documentadas por las autoridades colombianas.
En su declaración, Petro también se refirió al bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en el Guaviare, donde murieron 20 personas, incluidos siete menores de edad. Confirmó que él dio la orden del operativo y aseguró que se cumplieron las normas del derecho internacional humanitario, pese a los cuestionamientos surgidos en el Congreso.
Alias Iván Mordisco continúa siendo objetivo de alto valor para el Estado. El Ministerio de Defensa mantiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicarlo y facilitar su captura.
