Cinco grupos criminales ponen en riesgo elecciones en Buenaventura
Una grave alerta sobre el futuro de las elecciones en Colombia encendió las alarmas institucionales luego de que la Defensoría del Pueblo advirtiera que al menos cinco grupos de crimen organizado están poniendo en riesgo el desarrollo democrático en Buenaventura, una de las regiones más estratégicas del país.
Según el informe conocido, estas estructuras ilegales —Los Shotas, Los Espartanos, Los Flacos, La Inmaculada y Rastrojos Nueva Generación— representan una amenaza directa tanto para los candidatos como para los votantes en los procesos electorales previstos para 2025 y 2026.
Violencia y control territorial en aumento
La advertencia no es reciente. Desde el 22 de septiembre de 2025, la Defensoría emitió una alerta temprana en la que señalaba el crecimiento del poder de estas organizaciones criminales, así como su capacidad para incidir en procesos políticos mediante intimidaciones, amenazas y control territorial.
De acuerdo con la entidad, la situación ha empeorado significativamente en los últimos meses. Entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 homicidios, además de varios casos de desaparición, lo que evidencia una escalada de violencia en esta zona portuaria clave para la economía nacional.
El panorama es especialmente preocupante en sectores urbanos y rurales donde estos grupos ejercen una especie de “gobernanza paralela”, imponiendo reglas, restringiendo la movilidad y condicionando la vida cotidiana de los habitantes.
Presión sobre candidatos y votantes
Uno de los puntos más críticos de la alerta es la posible interferencia directa en las elecciones. La Defensoría advirtió que estas estructuras podrían ejercer presiones sobre campañas políticas, limitar el proselitismo e incluso influir en la intención de voto de la ciudadanía.
“Existe el riesgo de que se impongan candidatos afines a sus intereses o se restrinja la participación de quienes no se alineen con estas organizaciones”, señala el documento.
Este tipo de prácticas representa una amenaza directa a la democracia, ya que vulnera principios fundamentales como la libre elección y la transparencia electoral.
Llamado urgente al Estado
La Defensoría del Pueblo también cuestionó la respuesta de las autoridades, señalando una preocupante inacción por parte del Estado frente al deterioro del orden público en la región.
El llamado de atención fue dirigido a los gobiernos nacional, departamental y local, instándolos a tomar medidas inmediatas para proteger a la población y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de las elecciones.
La entidad insistió en que la falta de intervención oportuna podría agravar aún más la crisis humanitaria que ya enfrenta Buenaventura.
Jóvenes, los más afectados
Otro aspecto alarmante es el impacto de esta violencia sobre los jóvenes. Según el informe, muchos de ellos están siendo reclutados por estas organizaciones o se convierten en víctimas en medio de las disputas territoriales.
Incluso se han identificado casos de reclutamiento de menores de edad, lo que agrava la situación y evidencia la falta de oportunidades y presencia estatal en la región.
Esta problemática no solo compromete la seguridad, sino también el futuro social de la ciudad, que sigue atrapada en un ciclo de violencia estructural.
Diálogos en medio del conflicto
Paradójicamente, algunos de estos grupos, como Los Shotas y Los Espartanos, estarían participando en procesos de diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la política de “paz total”.
Sin embargo, la Defensoría advirtió que, mientras avanzan estos acercamientos, las organizaciones continúan ejerciendo control sobre las comunidades, lo que genera dudas sobre la efectividad de estos procesos.
Además, existe el riesgo de que estos diálogos sean utilizados como mecanismo de legitimación o fortalecimiento de su poder territorial.
Un desafío para la democracia
La situación en Buenaventura plantea uno de los mayores retos para la democracia colombiana en los próximos años. La combinación de violencia, debilidad institucional y presencia de grupos armados configura un escenario complejo que podría afectar seriamente la legitimidad de las elecciones.
Expertos coinciden en que garantizar la seguridad en esta región será clave para preservar la transparencia del proceso electoral y evitar que el crimen organizado influya en las decisiones políticas del país.
Mientras tanto, la ciudadanía permanece en medio de la incertidumbre, esperando acciones concretas que permitan recuperar el control del territorio y asegurar un entorno democrático libre de violencia.
La evolución de esta crisis será determinante para medir la capacidad del Estado colombiano de enfrentar uno de los desafíos más críticos para su institucionalidad en los últimos años.
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