La Nueva EPS, una de las entidades más grandes del sistema de salud colombiano, enfrenta una profunda crisis tecnológica y económica que ha sido evidenciada en recientes declaraciones de sus directivos ante la Contraloría General de la República. Los altos funcionarios admitieron que el sistema de información de la empresa está obsoleto, que los procesos son en gran parte manuales y que la entidad opera con un déficit que afecta la atención a millones de usuarios.
Según lo revelado por SEMANA, durante las audiencias realizadas en julio de este año, los directivos reconocieron que la compañía procesa de manera manual cerca de 7 millones de facturas mensuales, debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada. Esta situación ha generado atrasos en pagos, auditorías y la publicación de estados financieros, los cuales no han sido consolidados ni presentados en los años 2023 ni 2024.
Déficit económico y crisis operativa
El exagente interventor y actual superintendente nacional de salud, Bernardo Camacho, admitió que la EPS tiene serias dificultades para garantizar los servicios a sus usuarios y que existen “ineficiencias y desperdicios” dentro del sistema. Por su parte, el vicepresidente de Salud, Ricardo Rojas Higuera, reconoció que las demoras en los pagos a prestadores han ocasionado el cierre de servicios médicos en varias zonas del país, afectando la atención oportuna a los pacientes.
Los directivos indicaron además que los ingresos actuales de la EPS cubren apenas 1,9 billones de pesos, mientras que la facturación supera los 2,5 billones, lo que impide el pago completo a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Tecnología obsoleta y alta vulnerabilidad
Uno de los puntos más críticos fue revelado por el vicepresidente de Innovación Tecnológica, Jairo Enrique Lancheros, quien admitió que solo el 36 % de las operaciones de la entidad están cubiertas por sistemas de información funcionales. El resto, aseguró, depende de tecnología “obsoleta” que provoca continuas caídas y vulnerabilidades de seguridad.
“No existe un centro de datos alterno ni un plan de continuidad en caso de ataques o fallas graves en los sistemas”, señaló el funcionario.
Esta falta de modernización tecnológica, unida al atraso en el procesamiento de información, mantiene a la entidad sin poder publicar sus reportes financieros ni garantizar la transparencia operativa exigida por los entes de control.
Riesgos de corrupción y conflicto de intereses
A esta compleja situación se suma una denuncia ante la Procuraduría contra Bernardo Camacho, quien fue nombrado superintendente nacional de salud sin declarar un presunto conflicto de interés relacionado con la intervención de Nueva EPS. Además, la contralora encargada de revisar los estados financieros de 2023, Gladis Asprilla, es tía del congresista Inti Asprilla, cercano al Gobierno Nacional, lo que ha generado suspicacias en el Congreso.
Un sistema en crisis
Con más de 11,5 millones de afiliados, Nueva EPS representa cerca de la cuarta parte de la población colombiana, por lo que su crisis tiene un impacto directo en la estabilidad del sistema de salud nacional. Expertos advierten que si no se corrigen los problemas estructurales, el colapso de esta entidad podría afectar gravemente la prestación de servicios médicos en todo el país.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció la contratación de auditores forenses internacionales para examinar las cuentas de los últimos años y determinar si existen posibles irregularidades financieras o administrativas dentro de la EPS.
