Armando Benedetti anuncia que el salario mínimo continuará en $2 millones
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró este 13 de febrero que el Gobierno del presidente Gustavo Petro insistirá en mantener el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, incluido el auxilio de transporte, pese a la suspensión provisional del decreto ordenada por el Consejo de Estado.
El anuncio se produce luego de que el alto tribunal decretara la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Ejecutivo fijó el incremento del 23 % del salario mínimo legal mensual vigente para el próximo año.
Recurso de reposición y nuevo sustento técnico
Benedetti envió un mensaje directo a los trabajadores y aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás en su decisión. “Ustedes, tranquilos. El Gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado, se va a fundamentar, otra vez, los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó, y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23 %”, afirmó el jefe de la cartera política.
El recurso de reposición buscará que el mismo alto tribunal revise la medida cautelar que suspendió provisionalmente el decreto. Según el ministro, el Ejecutivo ajustará la argumentación técnica y jurídica para sustentar el incremento con base en los criterios constitucionales y económicos exigidos por la corporación.
“El Gobierno le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien”, agregó Benedetti, reiterando que la prioridad será proteger el ingreso de los trabajadores.
Decreto vigente y obligatorio, según MinTrabajo
La postura fue respaldada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien señaló que el Decreto 1469 de 2025 continúa vigente y es de obligatorio cumplimiento hasta que se expida un nuevo decreto transitorio.
“Empresarios, esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1 de enero de 2026. Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”, escribió Sanguino en su cuenta de X.
El funcionario también enfatizó que los derechos laborales tienen carácter progresivo y no admiten retrocesos, por lo que cualquier interpretación debe realizarse bajo el principio “in dubio pro operario”, privilegiando la protección del trabajador.
La orden del Consejo de Estado
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo en $1.750.905, cifra que con el subsidio de transporte asciende a $2.000.000. Además, le dio al Gobierno un plazo de ocho días calendario para expedir un nuevo decreto transitorio debidamente sustentado en criterios como la meta de inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
El alto tribunal advirtió que la suspensión no implica una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo, pero exigió mayor fundamentación técnica y económica en la fijación del aumento.
Reunión de concertación y nuevas mediciones
Por su parte, el presidente Petro solicitó convocar una reunión de concertación para atender las exigencias planteadas por el Consejo de Estado. El mandatario pidió revisar las últimas mediciones económicas y estudios que —según él— muestran una incidencia marginal del salario mínimo en el incremento de precios de algunos productos alimenticios.
Asimismo, el jefe de Estado planteó analizar el impacto del alza de las tasas de interés en el empleo, el déficit fiscal y el comportamiento de los precios en la economía colombiana.
El debate sobre el salario mínimo se da en un contexto de tensiones económicas y políticas, donde el Gobierno defiende el incremento como una medida de justicia social y redistribución del ingreso, mientras sectores empresariales y algunos analistas advierten sobre posibles efectos en la inflación y el empleo formal.
Llamado a la movilización
Mientras se resuelve el pulso jurídico, sectores políticos afines al Pacto Histórico han convocado movilizaciones ciudadanas en defensa del decreto y de las políticas económicas de la Casa de Nariño.
La discusión ahora se traslada nuevamente al terreno judicial y técnico. El Gobierno deberá presentar argumentos sólidos para sustentar el incremento del 23 % y garantizar que el nuevo decreto cumpla con los criterios constitucionales señalados por el Consejo de Estado.
Por ahora, el mensaje del Ejecutivo es claro: insistirá en mantener el salario mínimo en $2 millones y defenderá el aumento ante los tribunales. Los próximos días serán clave para determinar si la estrategia jurídica logra revertir la suspensión provisional y consolidar el ajuste salarial para 2026.
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