Gobierno revisará empresas intervenidas
El presidente electo Abelardo De La Espriella recibirá uno de los mayores desafíos administrativos del próximo cuatrienio: definir el futuro de las empresas que permanecen bajo intervención del Estado. En el inventario figuran EPS, cajas de compensación familiar y empresas de servicios públicos, cuya administración fue asumida por distintas superintendencias durante el gobierno saliente.
La situación ha generado expectativa en sectores económicos y empresariales, especialmente tras la reciente intervención de Comfamiliar Atlántico, decisión que llevó a Asocajas a solicitar el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación.
Un amplio listado de empresas bajo control estatal
Entre las entidades que permanecerán bajo revisión del nuevo Gobierno se encuentran al menos nueve Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por las autoridades.
Dentro de ese grupo aparecen:
- Sanitas.
- Nueva EPS.
- Famisanar.
- Savia Salud.
- Asmet Salud.
- SOS.
- Emssanar.
- Capresoca.
- Coosalud.
A ellas se suman varias cajas de compensación familiar y empresas estratégicas como Air-e, encargada de la distribución de energía en la región Caribe.
En el caso del sistema del subsidio familiar, el número de entidades intervenidas supera la decena, siendo Comfamiliar Atlántico la incorporación más reciente a la lista.
Comfamiliar Atlántico encendió las alarmas
La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención de Comfamiliar Atlántico mediante una resolución expedida el 6 de julio, decisión que implica la sustitución temporal de sus órganos de dirección, administración y control.
La medida despertó preocupación entre las cajas de compensación del país.
La presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, solicitó formalmente el acompañamiento preventivo de la Procuraduría para hacer seguimiento al proceso.
El gremio considera necesario garantizar que las actuaciones administrativas respeten el modelo de gobernanza establecido en la legislación colombiana.
Asocajas cuestiona la duración de las intervenciones
Según la organización gremial, varias cajas de compensación permanecen intervenidas desde hace varios años.
De acuerdo con Asocajas, algunas de estas medidas han sido prorrogadas durante el actual gobierno por períodos de hasta ocho, seis y cuatro años, situación que mantiene bajo administración estatal entidades cuyos órganos directivos originalmente fueron elegidos por empresarios y trabajadores.
El gremio sostiene que esta prolongación modifica el esquema tradicional de administración paritaria sobre el cual fue construido el Sistema del Subsidio Familiar.
Por ello insiste en que la Procuraduría haga seguimiento preventivo a las decisiones adoptadas por la Superintendencia.
El Gobierno defiende las intervenciones
Las autoridades han explicado que estas medidas buscan proteger los recursos destinados a los trabajadores y garantizar la adecuada prestación de servicios esenciales.
En sectores como la salud, la energía y el subsidio familiar, la intervención tiene como objetivo evitar que problemas administrativos o financieros afecten directamente a millones de usuarios.
Desde esta perspectiva, el control estatal no busca rescatar empresas privadas, sino asegurar la continuidad de servicios considerados fundamentales para la población.
Los críticos piden revisar los resultados
Diversos sectores económicos consideran que varias intervenciones no han producido los resultados esperados.
Uno de los casos más mencionados es el de Air-e, la empresa encargada de distribuir energía en varios departamentos del Caribe.
Según algunos analistas, los indicadores financieros y operativos no mostraron mejoras significativas tras la intervención estatal, lo que ha reabierto el debate sobre la efectividad de este tipo de decisiones.
También existen cuestionamientos respecto a si algunas actuaciones respondieron realmente a situaciones de crisis o si fueron utilizadas para impulsar cambios estructurales en determinados sectores.
¿Qué opciones tiene el Gobierno de De La Espriella?
Con el cambio de administración previsto para el próximo 7 de agosto, el nuevo Ejecutivo deberá decidir el rumbo de estas entidades.
Entre las alternativas que contempla el marco jurídico colombiano aparecen diferentes mecanismos para modificar el esquema actual de administración.
Las opciones incluyen:
- Levantar las intervenciones cuando las condiciones legales lo permitan.
- Transformar algunas entidades en sociedades de economía mixta.
- Incrementar la participación de operadores privados mediante esquemas de liberalización.
- Avanzar hacia procesos de privatización en los casos que la ley lo autorice.
Cada una de estas decisiones dependerá de evaluaciones técnicas, financieras y jurídicas sobre la situación particular de cada empresa.
Un tema clave para el nuevo gobierno
El manejo de las empresas intervenidas será uno de los primeros desafíos que enfrentará la administración de Abelardo De La Espriella.
Además del impacto financiero que representan estas medidas para el Estado, las decisiones influirán en sectores estratégicos como la salud, la energía y el sistema del subsidio familiar, que atienden a millones de colombianos.
La expectativa también se concentra en la posibilidad de que el nuevo Gobierno modifique la política de intervenciones aplicada durante el cuatrienio anterior o mantenga parte de las medidas vigentes mientras se estabilizan las entidades.
Con decenas de organizaciones bajo control estatal y múltiples procesos administrativos en curso, el futuro de estas empresas se perfila como uno de los asuntos más relevantes de la agenda económica y social del próximo gobierno.
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