Gobernador Awá agrede a escolta de la UNP en Nariño
Un nuevo escándalo sacude los esquemas de protección en Colombia tras la denuncia contra el gobernador indígena Anselmo Nastacuas García, líder del Resguardo Indígena Awá Libertad del Telembí, en el departamento de Nariño. El caso, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, involucra la presunta agresión física a uno de los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), generando preocupación sobre el uso de estos mecanismos de seguridad.
Denuncia por agresión dentro de vehículo oficial
De acuerdo con el testimonio del escolta afectado, los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo mientras se desplazaban en una de las camionetas asignadas al esquema de seguridad colectivo del resguardo. Según su versión, el gobernador indígena se encontraba en estado de embriaguez y la situación se habría salido de control tras una discusión por dinero.
El escolta, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, aseguró que Nastacuas le solicitó un préstamo de 70.000 pesos. Ante la negativa, el ambiente se tornó tenso y, según el relato, el líder indígena reaccionó con insultos.
“Usted está borracho. No puedo tratar con personas borrachas”, se escucha decir al escolta en uno de los videos grabados durante el incidente, en los que también se evidenciaría la presencia de bebidas alcohólicas dentro del vehículo oficial.
“Me rompió la boca”: evidencia y denuncia
Tras el altercado, el escolta registró en video las consecuencias de la presunta agresión. En las imágenes se le observa escupiendo sangre mientras afirma: “Me rompió la boca, voy a la Fiscalía a poner el denuncio”.
Posteriormente, acudió a un centro asistencial en el municipio de Samaniego, donde los médicos confirmaron la lesión y le otorgaron tres días de incapacidad. Con este soporte, formalizó la denuncia penal por lesiones personales ante la Fiscalía.
En su declaración, el escolta detalló que el golpe habría sido propinado de manera sorpresiva: “Sentado detrás de mí en la camioneta, de forma cobarde y por la espalda me propinó un puño en el maxilar inferior”.
Además, indicó que la agresión ocurrió mientras cumplía sus funciones, lo que —según su comunicación enviada a la UNP— vulnera tanto su integridad física como las condiciones laborales bajo las cuales opera el esquema de protección.
Reacciones del sindicato SINTRAUNP
El caso provocó una reacción inmediata del sindicato SINTRAUNP, que rechazó lo ocurrido y exigió acciones contundentes por parte de las autoridades. La organización calificó el hecho como un ataque directo contra los derechos laborales de los escoltas en contextos de alto riesgo.
“Esta agresión no es un hecho aislado, sino un ataque directo al movimiento sindical y a los derechos humanos laborales”, señaló el sindicato, advirtiendo que no tolerarán este tipo de conductas por parte de beneficiarios de esquemas de protección.
Gobernador admite el hecho, pero minimiza la agresión
En declaraciones posteriores, Anselmo Nastacuas García reconoció haber golpeado al escolta, aunque negó que se tratara de una agresión grave. Según su versión, actuó tras sentirse amenazado por el propio escolta, quien —afirma— habría insinuado el uso de un arma de fuego.
“Él me estuvo amenazando. Dijo que tocaría darle plomo. Yo le dije: ‘Entonces mátame’”, aseguró el gobernador, quien insistió en que solo le dio “un chirlacito” y no un golpe contundente.
También explicó que existían tensiones previas relacionadas con decisiones del resguardo sobre el modelo de seguridad, especialmente en lo referente a la preferencia por personal con enfoque diferencial y sin porte de armas.
Investigación en curso y medidas de la UNP
La Unidad Nacional de Protección confirmó que el caso ya fue remitido al Grupo de Verificación y Seguimiento de la Dirección de Protección, donde se adelanta una investigación interna para esclarecer los hechos.
La entidad indicó que, dependiendo de los resultados, el caso podría escalar al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), instancia encargada de definir eventuales sanciones o ajustes al esquema de seguridad.
Entre las posibles decisiones se contemplan desde capacitaciones obligatorias hasta la suspensión del esquema asignado al beneficiario. Como medida preventiva, la UNP informó que el escolta fue trasladado a otro esquema de protección desde el pasado 10 de abril.
Debate sobre el uso de esquemas de protección
Este caso reabre el debate sobre el uso adecuado de los esquemas de seguridad financiados por el Estado, especialmente en contextos colectivos como los resguardos indígenas. Mientras estos mecanismos buscan garantizar la vida de líderes sociales y comunidades en riesgo, también se exige que su implementación respete normas de convivencia y condiciones laborales dignas.
La investigación en curso será clave para determinar responsabilidades y definir si hubo abuso del esquema de protección, así como posibles consecuencias legales para el gobernador indígena.
Por ahora, el caso sigue generando reacciones en distintos sectores, mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre el avance del proceso penal.
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