Giro inesperado en investigación por muerte de policías en Cauca: compañeros fueron imputados

La investigación por la muerte de dos integrantes de la Sijín en el departamento del Cauca dio un giro inesperado luego de que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos a tres policías que hacían parte del mismo operativo en el que ocurrieron los hechos en 2017.

El caso, que durante años fue atribuido a un ataque guerrillero del ELN, tomó un rumbo completamente distinto tras un informe de balística que reveló inconsistencias en la versión entregada por los sobrevivientes del hecho armado ocurrido en una zona rural del sur del Cauca.

Los hechos se remontan al lunes 26 de junio de 2017. Ese día, el intendente Jhon Jairo Martínez Martínez, el subintendente Fabián Ordóñez Cancimance y los patrulleros Yonier Alejandro Marín Millán, Iván Darío Ramírez Cardona y Víctor Manuel López Giraldo fueron enviados a realizar actos urgentes relacionados con el asesinato de un menor de edad en el municipio de Almaguer.

La comisión judicial, integrada por funcionarios de la Sijín vestidos de civil, se desplazaba en una camioneta Dmax doble cabina por una carretera considerada de alto riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales.

Sin embargo, hacia las 6:10 de la tarde, cuando transitaban por la vereda El Recreo, en jurisdicción del municipio de La Vega, ocurrió la tragedia. El subintendente Fabián Ordóñez Cancimance y el patrullero Víctor Manuel López Giraldo murieron tras recibir múltiples impactos de bala.

En aquel momento, los tres policías sobrevivientes aseguraron que fueron víctimas de una emboscada perpetrada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta y portaban un fusil. Según su relato, los atacantes dispararon desde el exterior del vehículo y ellos respondieron con sus armas de dotación antes de huir de la zona.

La hipótesis inicial apuntó hacia un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido a la compleja situación de orden público en esa región del Cauca. Durante varios años, esa fue la versión oficial del caso.

No obstante, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Derechos Humanos comenzaron a revelar irregularidades que terminaron cambiando el panorama judicial del proceso.

El elemento clave fue un informe de balística practicado sobre la camioneta y las trayectorias de los disparos. El estudio concluyó que los impactos que acabaron con la vida de los dos uniformados no provinieron del exterior del vehículo, sino desde el interior de la cabina donde se encontraban sus propios compañeros.

De acuerdo con documentos conocidos dentro del expediente, los análisis técnicos también determinaron que los impactos en los vidrios y ventanas del automotor tenían una trayectoria de adentro hacia afuera, contradiciendo la versión entregada inicialmente por los sobrevivientes.

Uno de los apartes del expediente señala que “en ningún momento los disparos realizados presuntamente desde el exterior del vehículo impactaron el interior del automotor”.

Las conclusiones del informe llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de un caso de “fuego amigo” o incluso una presunta actuación dolosa por parte de algunos integrantes de la patrulla policial.

Tras casi nueve años de investigaciones, la Fiscalía dio un paso decisivo en el proceso judicial e imputó cargos contra los tres policías sobrevivientes.

Los patrulleros Iván Darío Ramírez Cardona y Yonier Alexandro Marín Millán fueron imputados por homicidio culposo en calidad de coautores, además de los delitos de falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y fraude procesal.

Por su parte, el subintendente Jhon Jairo Martínez Martínez, quien actualmente reside en España y compareció de manera virtual ante las autoridades colombianas, fue imputado por falso testimonio, ocultamiento o destrucción de pruebas y fraude procesal.

Pese a la gravedad de los señalamientos, ninguno de los tres uniformados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Además, el ente acusador no solicitó medidas de aseguramiento ni órdenes de captura, razón por la cual continuarán el proceso judicial en libertad.

El avance judicial representa un alivio parcial para las familias de las víctimas, que durante casi una década han exigido verdad, justicia y reparación frente a lo ocurrido aquella tarde en el Cauca.

Sin embargo, todavía persisten múltiples interrogantes alrededor del caso. Entre ellos, las circunstancias exactas en las que ocurrieron los disparos dentro del vehículo, las posibles motivaciones detrás de los hechos y si existió intención deliberada o negligencia durante el operativo.

El proceso ahora entra en una nueva etapa judicial en la que la Fiscalía deberá sustentar las pruebas recolectadas durante años de investigación y demostrar la responsabilidad de los imputados.

Mientras tanto, el caso sigue generando impacto dentro de la Policía Nacional y reabre el debate sobre los procedimientos en operaciones realizadas en zonas de alto riesgo, así como sobre la transparencia en las investigaciones internas relacionadas con uniformados involucrados en hechos violentos.