Consejo de Generales de la Reserva del Ejército denuncia actuaciones desequilibradas de la JEP
El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional lanzó fuertes críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras considerar que sus recientes actuaciones evidencian un trato desigual y violatorio de los derechos de los miembros de la fuerza pública, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
El pronunciamiento se conoció luego de la condena a 20 años de prisión impuesta al coronel (r) Publio Hernán Mejía, por 72 casos de falsos positivos ocurridos en el Batallón La Popa, en Valledupar. La sentencia fue emitida en primera instancia por la justicia transicional.
La condena que detonó el pronunciamiento
De acuerdo con la decisión de la JEP, el exoficial fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusaciones por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura en persona protegida, hechos que habrían ocurrido durante su mando en dicha unidad militar.
La determinación judicial generó una reacción inmediata por parte del Consejo de Generales de la Reserva, que expresó su preocupación por lo que considera una tendencia reiterada en las decisiones de la jurisdicción.
“Trato desigual frente a exintegrantes de las Farc”
En un comunicado, la organización aseguró que se han evidenciado “actuaciones injustas, desequilibradas y violatorias de los derechos de los miembros de la Fuerza Pública, en comparación con los miembros de las Farc”.
Según los generales en retiro, existe una asimetría procesal que afecta el principio de igualdad ante la ley, al considerar que las investigaciones y sanciones aplicadas a militares retirados contrastan con los beneficios otorgados a excombatientes de la antigua guerrilla.
Señalamientos de persecución jurídica
El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército fue más allá y afirmó que resulta “notorio” que las actuaciones de la JEP estarían orientadas a señalar a los altos mandos como “máximos responsables”, lo que, a su juicio, configura una forma de persecución jurídica.
La organización advirtió que este enfoque podría vulnerar garantías fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la uniformidad procesal.
Llamado a una reorientación estructural de la JEP
Finalmente, el Consejo hizo un llamado a reorientar estructuralmente la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, instando a que sus decisiones se ajusten estrictamente a los principios constitucionales, la igualdad material entre todos los comparecientes y el respeto pleno de los derechos fundamentales.
El pronunciamiento se suma al debate nacional sobre el alcance, la imparcialidad y el equilibrio de la justicia transicional en Colombia, especialmente frente al tratamiento diferenciado entre actores del conflicto armado.
