Frustran millonario robo en zona esmeraldera de Boyacá
Un gigantesco túnel clandestino y una incursión armada de gran escala encendieron las alarmas en la zona esmeraldera de Boyacá, donde las autoridades frustraron lo que habría sido uno de los robos más grandes de esmeraldas en los últimos años. El hecho expone la grave escalada de inseguridad, la infiltración de organizaciones criminales y un conflicto social que se profundiza ante la limitada respuesta del Estado.
La tensión en municipios como Muzo, Quípama, Maripí, Coscuez y San Pablo de Borbur ha aumentado de forma sostenida. A las históricas disputas entre guaqueros —mineros artesanales— y empresas multinacionales, se suma ahora la presencia de estructuras ilegales con alto poder financiero, que estarían replicando modelos de minería criminal similares a los del oro ilegal.
Un túnel para robar esmeraldas
El episodio más grave ocurrió el 11 de diciembre de 2025, cuando 37 hombres encapuchados y armados irrumpieron en la mina Santa Rosa, secuestraron a 71 trabajadores e intentaron ejecutar un robo masivo de piedras preciosas. La rápida reacción del Ejército y la Policía, con apoyo aéreo, permitió frustrar la operación y capturar a ocho personas.
Según denuncias del sector empresarial, este ataque no fue un hecho aislado. Camilo Acero, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Compañías Muzo Colombia, aseguró que desde hace al menos seis meses vienen alertando a las autoridades sobre la existencia de más de 240 socavones ilegales, algunos de ellos conectados mediante túneles que buscan invadir áreas concesionadas legalmente.
“Esto es un robo en cámara lenta. Hay un delito en curso desde hace meses y no pasa nada”, advirtió Acero, señalando una débil reacción institucional pese a los reiterados llamados de alerta.
Guaqueros, multinacionales y crimen organizado
En el fondo del conflicto está la exclusión de los guaqueros, quienes reclaman el derecho histórico a trabajar en las llamadas voladoras —material removido por las minas—, una práctica reconocida en el acuerdo de paz esmeraldero de 1990. Sin embargo, con la llegada de multinacionales, ese reconocimiento se habría diluido.
Alcaldes de la región advierten que el cierre de oportunidades legales ha creado un caldo de cultivo para el crimen.
“En medio de una protesta legítima se están infiltrando delincuentes con intereses muy peligrosos. Esto es una bomba de tiempo”, señaló uno de los mandatarios locales.
Paradójicamente, incluso algunos mineros ilegales han denunciado estar siendo desplazados por estructuras criminales que hoy dominan parte del negocio clandestino.
Municipios en tensión permanente
Las consecuencias ya se sienten en la vida diaria. En la mina La Paz, en Coscuez, los daños y robos obligaron a imponer un toque de queda en un radio de dos kilómetros. La multinacional Fura Gems suspendió operaciones desde septiembre y busca un nuevo socio inversionista.
En otro episodio reciente, cerca de 200 guaqueros ingresaron de forma masiva a la mina Pablo Sánchez, entre Quípama y Muzo, generando disturbios que requirieron intervención policial y el uso de gases lacrimógenos.
Las imágenes de personas huyendo con costales llenos de tierra evidencian la desesperación social en una región rica en recursos, pero marcada por la pobreza y la falta de alternativas económicas.
Un conflicto sin solución a la vista
La Defensoría del Pueblo confirmó que solo el año pasado ingresaron cerca de 700 guaqueros a zonas mineras, lo que obligó a crear mesas de gobernanza local. No obstante, los compromisos siguen sin resolverse de fondo.
Mientras las empresas alegan riesgos ambientales para restringir el acceso a las voladoras, los alcaldes reclaman mayor presencia del Gobierno nacional.
“Nos están dejando solos. Se criminaliza una labor ancestral, pero no se controla a los verdaderos delincuentes”, concluyó otro alcalde de la zona.
