Polémica por fotomultas en Cali: ¿es viable eliminarlas?
El debate sobre las fotomultas en Cali volvió a encenderse tras las declaraciones del concejal Roberto Ortiz, quien calificó estos sistemas como un “negocio” y propuso su eliminación en la ciudad. Sus afirmaciones han generado controversia tanto en el ámbito político como entre expertos en movilidad, al poner en cuestión la eficacia de estos mecanismos para mejorar la seguridad vial.
Según el cabildante, las fotomultas no han logrado el objetivo de ordenar el tránsito en la capital del Valle del Cauca. Por el contrario, sostiene que se han convertido en una carga económica significativa para los ciudadanos. En sus declaraciones, aseguró que durante el último año se impusieron más de 728.000 fotomultas en Cali, dentro de un total cercano al millón de comparendos, lo que representaría una suma cercana a los 400 mil millones de pesos.
Ortiz fue enfático al señalar que este sistema afecta especialmente a los sectores más vulnerables. “He conocido personas que han dejado de comer para pagar una fotomulta”, afirmó, evidenciando el impacto social que, según él, tienen estas sanciones. Su postura plantea una crítica directa al modelo actual, al considerar que prioriza el recaudo sobre la prevención.
Cuestionamientos a la efectividad del sistema
Uno de los principales argumentos del concejal es que, pese a la masiva implementación de cámaras, persiste un alto nivel de incumplimiento de las normas de tránsito. De acuerdo con su análisis, muchos conductores han encontrado formas de evadir las sanciones, lo que reduce la efectividad del sistema.
Además, cuestionó la ubicación de varios dispositivos en la ciudad, señalando que no siempre responden a criterios técnicos como la alta accidentalidad. En ese sentido, mencionó casos específicos donde, según él, no se registran incidentes viales significativos, lo que alimenta la percepción de que su instalación responde más a fines recaudatorios que preventivos.
Otro punto crítico es la eliminación de temporizadores en semáforos, lo que, según Ortiz, ha generado confusión entre los conductores. Esta situación podría provocar frenadas bruscas o decisiones erráticas al volante, aumentando el riesgo de accidentes en lugar de reducirlos.
¿Eliminar las fotomultas es legal y viable?
La propuesta de eliminar las fotomultas en Cali no es sencilla de implementar. Estos sistemas están regulados a nivel nacional y forman parte de una estrategia más amplia de control del tránsito en Colombia. Su eliminación implicaría cambios normativos y la revisión de contratos vigentes, lo que podría generar implicaciones jurídicas y económicas para el municipio.
Además, expertos en seguridad vial advierten que las fotomultas cumplen una función disuasiva importante. Diversos estudios han demostrado que la presencia de cámaras reduce la velocidad promedio de los vehículos y disminuye la probabilidad de accidentes graves, especialmente en zonas de alto riesgo.
Sin embargo, también reconocen que su efectividad depende de factores como la correcta ubicación, la señalización adecuada y la transparencia en su implementación. En ese sentido, el debate no necesariamente se limita a eliminarlas o mantenerlas, sino a cómo optimizar su uso para que cumplan un verdadero propósito preventivo.
Alternativas propuestas
Frente a este panorama, Ortiz plantea un cambio de enfoque basado en la presencia directa de autoridades en las vías. Según su propuesta, la ciudad debería fortalecer la labor de los agentes de tránsito y la Policía, priorizando la pedagogía y el control en tiempo real.
Este modelo, aunque valorado por su cercanía con la ciudadanía, también enfrenta limitaciones. Requiere una mayor inversión en personal, logística y capacitación, además de garantizar cobertura en toda la ciudad, algo que puede resultar complejo en una urbe del tamaño de Cali.
Un debate que trasciende lo local
La discusión sobre las fotomultas no es exclusiva de Cali. En el Congreso de Colombia se han presentado iniciativas que buscan regular o incluso restringir el uso de estos sistemas en distintas ciudades del país. Esto refleja una preocupación generalizada sobre su funcionamiento y su impacto en la ciudadanía.
Mientras tanto, la administración del alcalde Alejandro Eder no se ha pronunciado de manera definitiva sobre la propuesta, aunque enfrenta presión tanto por los temas de movilidad como por la situación de seguridad en la ciudad.
Seguridad vial vs. recaudo
El fondo del debate radica en una pregunta clave: ¿las fotomultas están salvando vidas o se han convertido en un mecanismo de recaudo? Para algunos sectores, la respuesta depende de la forma en que se implementan. Cuando están bien ubicadas y acompañadas de campañas educativas, pueden ser una herramienta eficaz para reducir accidentes.
No obstante, cuando su instalación no responde a criterios técnicos claros o no existe suficiente transparencia, pueden generar desconfianza y rechazo ciudadano, como ocurre actualmente en Cali.
Un tema abierto
La propuesta de Roberto Ortiz ha logrado poner nuevamente sobre la mesa un debate de fondo sobre la movilidad urbana y la seguridad vial. Aunque su eliminación total parece poco viable en el corto plazo, sí abre la puerta a revisar el modelo actual y buscar alternativas que equilibren control, prevención y justicia para los ciudadanos.
Por ahora, la discusión continúa y promete seguir generando opiniones divididas en una ciudad que enfrenta importantes retos en materia de tránsito y convivencia vial.
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