Falsos positivos: coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó cargos ante la JEP
Un nuevo capítulo se abrió en los procesos por falsos positivos en Colombia. En la mañana de este martes 27 de enero, el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Infantería La Popa, aceptó formalmente su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 38 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre enero de 2004 y julio de 2005.
La aceptación de cargos se produjo tras una pregunta directa del magistrado Raúl Sánchez, durante una diligencia judicial en la que el oficial en retiro estuvo acompañado de su abogada de confianza. Figueroa reconoció que incurrió en omisiones graves que permitieron que sus subalternos asesinaran civiles y los presentaran falsamente como bajas en combate.
“Acepto mi responsabilidad por omisión”
En su intervención, que se extendió por cerca de cinco minutos, el excomandante fue enfático al admitir su responsabilidad como máximo jefe de la unidad militar.
“Sí, honorable magistrado, acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles; que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar y del derecho internacional humanitario, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”, expresó Figueroa Suárez.
Con esta declaración, el coronel (r) reconoció que falló en su deber de control, supervisión y mando, permitiendo que se cometieran ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, en el departamento del Cesar, una de las regiones más golpeadas por este fenómeno durante el conflicto armado.
38 casos imputados por la JEP
La JEP había imputado a Figueroa Suárez como máximo responsable de 38 asesinatos de civiles, quienes fueron presentados de manera fraudulenta como integrantes de grupos armados ilegales dados de baja en operaciones militares.
La aceptación de cargos abre la puerta a sanciones propias de la justicia transicional, siempre y cuando el compareciente cumpla con los principios de verdad plena, reconocimiento de responsabilidad y reparación a las víctimas.
Señalamientos por negligencia institucional
Durante su intervención, el exoficial también denunció una grave negligencia institucional por parte de diversas entidades del Estado, las cuales —según él— impidieron que se detectaran a tiempo las irregularidades.
“Acepto la omisión de instituciones como la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General de la Nación en Valledupar, el Departamento de Policía del Cesar, así como de jueces, fiscales y asesores jurídicos, por su negligencia y omisión”, afirmó.
Según explicó, esta falta de reacción institucional le impidió identificar irregularidades y ejercer acciones disciplinarias ejemplares que hubieran podido frenar los crímenes.
Omisiones de sus superiores
Uno de los apartes más sensibles de su declaración estuvo relacionado con la actuación —o falta de ella— de sus superiores jerárquicos.
Figueroa aseguró que en varias ocasiones alertó sobre la presentación irregular de civiles como subversivos abatidos, sin recibir respaldo alguno.
“Acepto la omisión del general Castellanos sobre los hechos del 30 de junio de 2004, cuando le pedí que me apoyara para que los comandantes de esas unidades fueran investigados y él me negó esa oportunidad”, sostuvo.
De acuerdo con el excomandante, una respuesta contundente en ese momento habría tenido un efecto disuasivo dentro de las filas militares.
Denuncias sobre nexos con paramilitares
El coronel (r) también afirmó que puso en conocimiento de sus superiores posibles vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, específicamente el bloque Héroes del Cesar.
“Acepto la omisión del general Carreño, a quien denuncié por posibles nóminas paralelas de integrantes de unidades militares y de la Policía Nacional que recibían dineros ilícitos de alias 39”, señaló.
Estas denuncias, según dijo, nunca prosperaron, lo que permitió la continuidad de prácticas ilegales en la región.
Fallas en la cadena de mando
En el cierre de su intervención, Figueroa Suárez también mencionó la responsabilidad de sus asesores y oficiales de la Plana Mayor, quienes tenían el deber de advertirle sobre riesgos y anomalías.
“Acepto la omisión de mis asesores, quienes tenían la obligación de acompañarme en el ejercicio del mando y nunca me advirtieron sobre posibles acciones criminales”, concluyó.
Un paso clave para las víctimas
La aceptación de cargos por parte del excomandante del Batallón La Popa representa un avance significativo en el esclarecimiento de la verdad sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.
Ahora, la JEP evaluará el alcance del reconocimiento y definirá las sanciones restaurativas, en un proceso que busca garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de los falsos positivos.
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