Un informe especial de Noticias Caracol desató un nuevo escándalo político y de seguridad nacional, luego de revelar el contenido de computadores y dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá, uno de los jefes del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.
Los archivos mencionan presuntos vínculos con altos funcionarios del Gobierno, información sensible sobre operaciones militares y hasta referencias relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La información proviene de más de un centenar de equipos electrónicos —computadores, memorias USB y celulares— incautados durante el controvertido procedimiento realizado en julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando una caravana de siete cabecillas fue detenida en un retén mientras se movilizaba escoltada por miembros de la Unidad Nacional de Protección.
Según el informe periodístico, los capturados portaban armas, dinero y un menor de edad, elementos que habrían configurado una situación de flagrancia. Sin embargo, un oficio de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos bajo el argumento de que, al ser designados gestores de paz, no podían ser privados de la libertad aun en presencia de flagrancia. Entre los liberados quedaron alias Calarcá, su compañera Érika y otros dos jefes de frente.
Presuntos acercamientos con un general en servicio activo
Uno de los documentos más sensibles menciona al general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Según los archivos, un delegado de alias Calarcá reportó reuniones en Bogotá con el general, en las que se habría discutido la creación de una empresa que funcionaría como fachada para movilizar integrantes de las disidencias con vehículos blindados y permisos de armamento, en un esquema comparado con las antiguas Convivir de los años noventa.
En la comunicación, se afirma que Huertas habría ofrecido respaldo para facilitar desplazamientos y evitar controles. “Nos dijo que el vínculo con el presidente lo daban para movilizarlos a ustedes con orden de no pararlos en ningún lado”, señala el mensaje incluido en los archivos.
El general Huertas ya tenía antecedentes de cercanía política con el petrismo: en 2022 fue retirado del Ejército, y meses después hizo parte del equipo de seguridad de la campaña Petro Presidente. Fue reintegrado al servicio activo el 6 de agosto de 2024 y designado jefe del Comando de Personal.
Un funcionario clave de inteligencia entre los mencionados
Otro nombre que aparece reiteradamente en los documentos es el de Wilmar Mejía, funcionario con fuerte ascendencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con la investigación periodística, Mejía habría sostenido reuniones con representantes de las disidencias y habría influido en movimientos dentro de la estructura de inteligencia del Estado.
Integrantes de grupos armados mencionaron que, gracias a estas supuestas conexiones, estructuras de Antioquia, Catatumbo y Sur de Bolívar habrían tenido acceso a información sensible para evitar operativos militares y desplegar movilización de miembros con órdenes de captura.
Los archivos también indican que tanto Huertas como Mejía habrían participado en reuniones que incluyeron al director de Indumil, coronel (r) Juan Carlos Maso, en las que se discutió la posibilidad de establecer un pacto de no agresión en tres zonas del país.
Mordisco y las supuestas pruebas sobre la campaña presidencial
Uno de los apartes más delicados de los dispositivos incautados corresponde a conversaciones entre alias Calarcá y alias Mordisco, máximo jefe de las disidencias. En ellas, Mordisco asegura tener supuestas pruebas relacionadas con la financiación de la campaña Petro Presidente y menciona a la vicepresidenta Francia Márquez.
“Yo tengo ganas de tumbar a Petro (…) Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña al finado Mayimbú, lo tumbamos (…) Todo se hizo a través de Francia Márquez”, afirma Mordisco en un fragmento citado por Noticias Caracol.
Ninguna de estas afirmaciones ha sido verificada por la Fiscalía ni por autoridades independientes, y hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme o desvirtúe estos señalamientos.
La presencia de un empresario extranjero en campamentos guerrilleros
Otro elemento llamativo en los archivos es la presencia de un empresario chino cuya identidad no ha sido revelada. Según los documentos, este habría ingresado a campamentos en Catatumbo, Caquetá y Sur de Bolívar para explorar negocios relacionados con la compra de armas, tráfico de oro e inversiones en empresas fachada controladas por las disidencias.
