Exalcaldes de Palermo en líos por millonaria compra de tubería “inerte”
Un nuevo escándalo fiscal sacude al municipio de Palermo, luego de que la Contraloría Departamental del Huila emitiera un fallo con responsabilidad fiscal por más de 910 millones de pesos contra varios exfuncionarios, incluidos los exalcaldes Ricardo Moncaleano Perdomo y Natalia Caviedes Chinchilla.
El caso gira en torno a la compra de una red de tubería de PVC en 2019 que nunca fue instalada y que, según los hallazgos técnicos, resultaba inadecuada para las condiciones geográficas del municipio.
Una compra sin sustento técnico
La investigación determinó que la adquisición de estos materiales se justificó como una medida urgente para reemplazar tramos de la red de acueducto. Sin embargo, las auditorías posteriores evidenciaron que dicha necesidad no existía realmente.
De hecho, los estudios técnicos concluyeron que la infraestructura existente —compuesta por tubería de hierro fundido— se encontraba en buen estado y con una vida útil estimada de hasta 70 años.
Además, el material adquirido (PVC) no era apto para una zona con alta pendiente y riesgo de deslizamientos, como ocurre en Palermo, lo que habría convertido su eventual instalación en una decisión técnicamente regresiva.
De contrato urgente a detrimento patrimonial
El origen del proceso se remonta al contrato de compraventa 008 de 2019, firmado en los últimos días del periodo administrativo, bajo el argumento de atender una emergencia por la temporada invernal.
No obstante, la Contraloría Departamental del Huila concluyó que la compra respondió más a la necesidad de ejecutar recursos antes del cierre fiscal que a una verdadera urgencia técnica.
El fallo señala que se trató de una indebida planeación del gasto público, al no existir estudios ni diseños que respaldaran la inversión.
“Bienes inertes”: el eje del fallo
Uno de los conceptos clave del proceso es el de “bienes inertes”. Según la Contraloría, el daño patrimonial no solo radica en la compra, sino en el hecho de que los materiales permanecieron almacenados sin cumplir su función.
“El patrimonio público no se protege con objetos guardados en una bodega, sino con obras que presten un servicio”, sostiene el fallo.
La tubería, que nunca fue instalada, perdió valor con el tiempo debido a la inflación, lo que llevó a actualizar el monto del detrimento desde los 607 millones iniciales hasta más de 910 millones de pesos.
Responsabilidad compartida
El fallo establece responsabilidad fiscal solidaria entre varios exfuncionarios de dos administraciones.
Por un lado, se señala a quienes participaron en la compra, entre ellos:
- Ricardo Moncaleano Perdomo, por autorizar el pago sin soporte técnico.
- Funcionarios como secretarios y directivos que avalaron el proyecto sin verificar su viabilidad.
Por otro lado, también se vincula a la administración posterior, liderada por Natalia Caviedes Chinchilla, por no gestionar una solución que permitiera utilizar los materiales o mitigar la pérdida.
Según el ente de control, esta omisión permitió que los bienes permanecieran sin uso, agravando el daño patrimonial.
Un implicado queda por fuera
Dentro del proceso, el exsecretario de Planeación Diego Fernando Trujillo fue desvinculado al no encontrarse un nexo causal directo entre su actuación y el detrimento económico.
Asimismo, las aseguradoras vinculadas inicialmente también quedaron por fuera del proceso, al determinarse que no aplicaban las condiciones para responder por el daño.
Irregularidades en la planeación
El fallo también evidenció inconsistencias en la formulación del proyecto. Por ejemplo, se detectaron diferencias entre los conceptos de “línea de aducción” y “línea de conducción”, lo que reflejaría fallas técnicas en la estructuración del contrato.
Además, el entonces gerente de la empresa de servicios públicos aseguró que nunca solicitó la compra de estos materiales, reforzando la hipótesis de que la adquisición fue una decisión administrativa sin respaldo técnico.
Consecuencias y mensaje fiscal
La decisión de la Contraloría Departamental del Huila obliga a los responsables a reintegrar de manera solidaria los recursos perdidos, lo que podría derivar en procesos de cobro coactivo si no se cumple con el pago.
Más allá de las sanciones, el caso deja un mensaje contundente sobre la importancia de la planeación en la inversión pública.
Un caso emblemático de mala gestión
Lo ocurrido en Palermo se convierte en un ejemplo de cómo decisiones apresuradas, especialmente al cierre de periodos administrativos, pueden derivar en graves consecuencias fiscales.
La compra de una tubería que nunca se utilizó no solo representa una pérdida económica, sino también un reflejo de fallas estructurales en la gestión pública que continúan siendo objeto de vigilancia por parte de los entes de control.
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