El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva y profunda crisis institucional tras las revelaciones divulgadas por Noticias Caracol, según las cuales las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá habrían logrado establecer presuntos vínculos con altos mandos de la Fuerza Pública y con funcionarios de distintas entidades del Estado.
Las denuncias incluyen presuntos contactos que comprometerían a uniformados de alto rango y a servidores públicos con capacidad de incidencia estratégica. A esto se suma la versión según la cual dicho grupo armado ilegal habría contribuido de manera indirecta a la campaña presidencial de 2022, a través de apoyos que habrían llegado a la entonces candidata a la Vicepresidencia Francia Márquez, quien rechazó la acusación calificándola como una “infamia”.
Con menos de nueve meses para culminar su período presidencial, estas revelaciones ponen en cuestionamiento uno de los pilares del actual Gobierno: la política de paz total, y abren un nuevo frente de críticas que golpea la credibilidad del Ejecutivo.
Reacciones políticas y advertencias institucionales
Las denuncias generaron un inmediato impacto en el escenario político. La representante y precandidata presidencial Juana Carolina Londoño aseguró que estas presuntas infiltraciones evidenciarían una preocupante captura institucional:
“La institucionalidad que todos pagamos fue captada, en puntos clave, por la delincuencia narcoterrorista. Esto no es casualidad”.
La senadora María Fernanda Cabal anunció que presentará una nueva denuncia ante la Comisión de Acusaciones, mientras que la senadora Paloma Valencia confirmó que impulsará un debate de control político sobre las instituciones involucradas.
Desde sectores del propio Pacto Histórico también surgieron cuestionamientos. La senadora María José Pizarro afirmó que desde la “izquierda democrática” no se puede tolerar ningún vínculo entre las instituciones del Estado y estructuras armadas ilegales, y exigió investigaciones rigurosas sin distingos políticos. A pesar de ello, otras figuras del oficialismo han mantenido silencio.
Por su parte, la senadora Paola Holguín solicitó explicaciones al Ejecutivo sobre los posibles vínculos de altos mandos de la Fuerza Pública, del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wílmar Mejía, y sobre la presunta financiación ilegal a la campaña del Pacto Histórico.
El escándalo también salpica a directivos de Indumil y a un funcionario de alto nivel de la DNI con acceso directo a sus máximos responsables.
Llamado de atención desde la comunidad internacional y expresidentes
El expresidente Juan Manuel Santos se sumó a las voces que piden claridad, afirmando que la institucionalidad del Estado estaría en riesgo si se verifican los hechos revelados:
“Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. El país necesita conocer la verdad. Es el Estado de derecho lo que está en juego”.
Respuesta del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro desestimó las revelaciones del reportaje periodístico y aseguró que la información divulgada sería “falsa” y presuntamente originada en la CIA, sin ofrecer mayores detalles.
