Alex Movilla, del despacho que investiga a Name y Calle, será disciplinado por «constreñir» a Sneyder Pinilla y violar su derecho a la no autoincriminación.
Un nuevo terremoto sacude a la rama judicial en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció que llevará a juicio al magistrado auxiliar Alex Movilla, integrante del despacho de Francisco Farfán en la Corte Suprema de Justicia.
El alto funcionario es señalado de haber ejercido supuestas presiones indebidas en contra de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y testigo estrella que destapó la red de corrupción.
La Acusación: Culpa Grave por Violación de Derechos
El magistrado Julio Andrés Sampedro emitió un pliego de cargos de 51 páginas, argumentando que Movilla cometió una falta disciplinaria al «constreñir» a Pinilla para que rindiera declaración en las diligencias del 9 y 20 de agosto de 2024.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial enfatizó que el magistrado auxiliar habría violado dos derechos fundamentales de Pinilla:
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El derecho a la no autoincriminación.
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El derecho a guardar silencio.
Texto Clave del Documento: «El comportamiento censurado resulta sustancialmente ilícito, toda vez que afecta el correcto ejercicio de la función judicial… en cuanto lesiona derechos y garantías fundamentales asociadas a la no autoincriminación y a guardar silencio».
Según el documento, la actuación de Movilla iría en contravía de la estrategia de defensa de Pinilla, quien se encontraba paralelamente gestionando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación.
El Contexto: La Investigación Contra el Congreso
La situación de Alex Movilla añade un elemento de turbulencia al proceso de la UNGRD, uno de los casos de corrupción más graves del Gobierno Petro.
Es crucial recordar que el despacho del magistrado Francisco Farfán, del cual hace parte Movilla Andrade, tiene actualmente la responsabilidad de investigar a los expresidentes del Congreso:
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Iván Name: Señalado de haber recibido $3.000 millones.
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Andrés Calle: Señalado de haber recibido $1.000 millones.
Estos dineros habrían salido del polémico contrato para adquirir 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable a las comunidades más vulnerables de La Guajira, haciendo que la credibilidad de quienes llevan el caso sea ahora objeto de escrutinio.
La conducta de Movilla fue calificada como «culpa grave» por la alta corte, entendida como la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común debe aplicar en sus actuaciones, afectando directamente la probidad de la función judicial.
