Empresas latinoamericanas enfrentan riesgos legales tras ofensiva de EE. UU. contra carteles
Las empresas que operan en América Latina enfrentan un nuevo escenario de presión legal tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir a varios carteles del narcotráfico de la región en su lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). La medida, impulsada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, amplía significativamente las responsabilidades legales del sector privado y podría exponer a compañías a multas millonarias, demandas civiles e incluso procesos penales.
La designación, que comenzó con ocho organizaciones y ya suma catorce, coloca a varios grupos criminales latinoamericanos en la misma lista en la que figuran organizaciones como ISIS o Al-Qaeda. Esta clasificación implica que cualquier tipo de apoyo —directo o indirecto— a estas estructuras puede ser considerado como “apoyo material a organizaciones terroristas”, una figura penal severamente sancionada por la justicia estadounidense.
Carteles latinoamericanos en la lista negra
Entre los grupos criminales que fueron incluidos en la lista por el Gobierno estadounidense se encuentran poderosas organizaciones del narcotráfico que operan principalmente en México y otros países de la región.
Entre ellos figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana. También fueron incluidos grupos como la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha, la organización venezolana Tren de Aragua y el grupo armado colombiano Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.
En el caso colombiano, en el pasado la antigua guerrilla de las FARC estuvo incluida en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, pero fue retirada tras el acuerdo de paz firmado en 2016. En contraste, el grupo guerrillero ELN continúa dentro de esa clasificación.
El concepto de “apoyo material”
Uno de los principales riesgos para el sector empresarial está relacionado con el concepto jurídico de “apoyo material a organizaciones terroristas”. Según expertos en riesgos corporativos, esta figura puede aplicarse incluso cuando una empresa no tiene intención de colaborar con un grupo criminal.
La especialista Ulla Pentinpuro, responsable de Servicios de Investigaciones e Inteligencia de Negocio para México y Centroamérica en la firma Control Risks, explica que el apoyo material puede configurarse de múltiples maneras.
Por ejemplo, una empresa puede ser obligada por un cartel a pagar extorsiones para poder operar en una región. Aunque estos pagos se realicen bajo presión, la legislación estadounidense podría interpretarlos como una forma de financiamiento a una organización terrorista.
El riesgo también puede aparecer a través de la cadena de suministro. Si una empresa contrata servicios de transporte, seguridad o asesoría legal sin investigar adecuadamente a sus proveedores y luego se descubre que estos tienen vínculos con un cartel, la compañía podría enfrentar consecuencias legales.
Incluso acciones aparentemente menores podrían ser interpretadas como colaboración. Según los expertos, permitir que miembros de un grupo criminal utilicen instalaciones de una empresa, por ejemplo para cargar teléfonos celulares o almacenar productos, también podría considerarse apoyo material.
Antecedentes que muestran la gravedad del problema
El riesgo no es teórico. Existen antecedentes que demuestran las consecuencias legales que pueden enfrentar las empresas involucradas con organizaciones consideradas terroristas.
Uno de los casos más citados es el de la empresa cementera francesa Lafarge, que en 2022 aceptó pagar una multa de más de 100 millones de dólares tras admitir que realizó pagos al grupo Estado Islámico para mantener operaciones en Siria.
Otro caso ampliamente conocido es el de la multinacional bananera Chiquita Brands, que durante años pagó dinero a grupos armados ilegales en Colombia. La compañía enfrentó fuertes sanciones económicas y demandas judiciales por su relación con organizaciones violentas.
Estos precedentes muestran cómo la justicia estadounidense puede actuar incluso cuando las empresas argumentan que los pagos fueron realizados bajo presión o con el objetivo de proteger a sus trabajadores.
Sectores más expuestos al riesgo
El impacto potencial de estas nuevas designaciones es especialmente alto para empresas que operan en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.
Sectores como minería, petróleo, agricultura, construcción y manufactura suelen desarrollar operaciones en territorios donde grupos armados o carteles ejercen control territorial. En estos contextos, las compañías pueden enfrentar presiones para pagar cuotas, permitir el uso de infraestructura o aceptar intermediarios vinculados a organizaciones criminales.
Sin embargo, desde la perspectiva del sistema judicial estadounidense, el hecho de que una empresa haya sido obligada a pagar extorsiones no necesariamente constituye una defensa legal válida.
Según Pentinpuro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido claro en este punto: si una empresa no puede operar en un territorio sin pagar a organizaciones criminales, la recomendación legal es abandonar la zona.
Nuevos riesgos: demandas civiles en Estados Unidos
Además de las sanciones económicas y penales, las empresas podrían enfrentar litigios civiles en territorio estadounidense.
Por ejemplo, si una compañía es vinculada indirectamente con organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, familiares de víctimas de sobredosis en Estados Unidos podrían presentar demandas contra la empresa.
Este escenario podría abrir un nuevo frente judicial para compañías que, en muchos casos, ni siquiera operan directamente en el mercado estadounidense.
Cómo pueden protegerse las empresas
Ante este nuevo panorama, los expertos recomiendan fortalecer los programas de cumplimiento corporativo y los sistemas de control interno.
Entre las principales medidas sugeridas están la verificación exhaustiva de proveedores y socios comerciales, la implementación de sistemas de monitoreo de riesgos y la creación de canales de denuncia interna que permitan detectar posibles vínculos con organizaciones criminales.
También se aconseja que las empresas desarrollen planes graduales para eliminar pagos de extorsión en caso de que estos existan, documentando cada paso del proceso para demostrar ante los reguladores que se está trabajando activamente en la solución del problema.
Según los analistas, la tendencia de declarar a los carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas probablemente continuará en los próximos años, independientemente de cambios políticos en Washington. Por ello, las compañías que operan en la región deberán adaptarse a un entorno legal cada vez más exigente y vigilado.
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