Piden investigar a Nicolás Maduro por tortura en EE.UU.; podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte
Un grupo de abogados venezolanos en el exilio solicitó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos abrir una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos actos de tortura, un delito que, bajo la legislación federal estadounidense, puede acarrear penas de hasta cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se comprueba que las víctimas fallecieron como consecuencia de los abusos.
La petición fue introducida el pasado 4 de enero, un día después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a territorio norteamericano. De acuerdo con los juristas, su presencia física en Estados Unidos activa la jurisdicción contemplada en el Estatuto Federal contra la Tortura, una herramienta legal que permite procesar a personas acusadas de cometer este delito fuera del país.
Según explicó el abogado Kelvi Zambrano en declaraciones ofrecidas al medio venezolano Tal Cual, el principio jurídico es claro: “En Estados Unidos, este mecanismo solo se activa si el presunto torturador está en territorio americano. No importa dónde estén las víctimas ni dónde ocurrieron los hechos. Lo determinante es que el ejecutor esté aquí”.
La iniciativa es liderada por Zambrano junto a los abogados José Valderrama, Villca Fernández y Julie Vanessa Siado, quienes sostienen que existen elementos suficientes para que el Departamento de Justicia evalúe la apertura de una causa independiente por tortura.
Investigación independiente a los cargos por narcotráfico
Actualmente, Maduro enfrenta cargos por presunto narcotráfico en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, los abogados precisaron que la solicitud presentada no busca ampliar ese expediente, sino abrir un proceso completamente separado.
“Procesalmente, no se pueden agregar nuevos cargos al expediente existente. Esto requiere una nueva investigación y es el fiscal quien decide si la inicia. Tiene un margen de discrecionalidad muy amplio”, detalló Zambrano.
El fundamento legal invocado es el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2340A (18 U.S.C. § 2340A), incorporado en 1994 tras la ratificación por parte de Washington de la Convención contra la Tortura. Esta norma establece que cualquier persona que, fuera del territorio estadounidense, cometa o intente cometer tortura puede enfrentar hasta 20 años de prisión.
No obstante, la pena se agrava significativamente si se demuestra que la víctima murió como resultado de los actos de tortura. En esos casos, la legislación contempla la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena capital.
“Si de los actos de tortura resulta la muerte de la víctima, la ley permite cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Nosotros estamos procurando que se aplique la máxima pena que establece el estatuto”, afirmó Zambrano.
Estándar probatorio y diferencias con la CPI
El abogado subrayó que el estándar probatorio en el sistema federal estadounidense es distinto al que rige ante la Corte Penal Internacional (CPI). Mientras que ante la CPI la tortura debe acreditarse como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil para configurar un crimen de lesa humanidad, bajo la ley estadounidense bastaría con demostrar un solo caso.
“Aquí no hace falta probar sistematicidad ni generalidad. Basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo el color de la ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar”, sostuvo.
Los juristas argumentan que en Venezuela numerosas personas habrían muerto bajo custodia del Estado en circunstancias vinculadas a presuntas torturas, lo que, de ser probado ante un tribunal federal, podría encajar en el supuesto agravado contemplado por la legislación estadounidense.
El precedente del caso Michael Sang Correa
Como antecedente clave, los abogados citaron el caso de Michael Sang Correa, exintegrante de la unidad paramilitar conocida como “Junglers” en Gambia. Correa fue condenado en 2025 por un jurado federal en Colorado por actos de tortura cometidos en 2006 contra personas acusadas de participar en un intento de golpe de Estado.
Correa fue procesado bajo el mismo estatuto federal después de ser identificado en territorio estadounidense, lo que activó la jurisdicción extraterritorial prevista en la ley. El caso marcó un precedente relevante, al convertirse en la primera vez que un tribunal federal aplicó de manera efectiva esta norma contra un ciudadano extranjero por hechos ocurridos fuera de Estados Unidos.
En agosto de 2025, la corte lo sentenció a 810 meses de prisión, equivalentes a 67 años y medio, enviando un mensaje claro sobre la disposición de las autoridades estadounidenses a utilizar esta herramienta legal cuando se cumplan los requisitos jurisdiccionales.
Decisión clave del Departamento de Justicia
Ahora, la decisión queda en manos del Departamento de Justicia, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para abrir una nueva investigación independiente contra Maduro por tortura.
Expertos legales señalan que el proceso podría ser complejo y políticamente sensible, pero también subrayan que el estatuto federal no distingue entre nacionalidades cuando se cumplen los criterios establecidos por la ley.
La eventual apertura de esta causa representaría un giro significativo en el frente judicial que enfrenta el mandatario venezolano en territorio estadounidense, ampliando el espectro de acusaciones más allá del narcotráfico y colocando en el centro del debate internacional la posible aplicación de penas máximas previstas por la legislación penal federal.
Por ahora, el escenario dependerá del análisis que realicen los fiscales federales y de la evaluación de las pruebas que puedan presentar los denunciantes. De prosperar la investigación, el caso podría convertirse en uno de los procesos más relevantes en materia de jurisdicción extraterritorial por tortura en la historia reciente de Estados Unidos.
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