Contrato de Ecopetrol genera polémica por empresa bajo investigación
Un nuevo foco de controversia rodea a Ecopetrol tras conocerse cuestionamientos sobre la posible asignación de un millonario contrato en el sector petrolero a una empresa vinculada a un proceso investigativo. El caso ha despertado alertas en organismos de control y organizaciones sindicales, que piden una revisión urgente del procedimiento.
El contrato en cuestión corresponde a la operación de los campos Teca-Nare, en el proyecto Fontana, ubicados en Puerto Boyacá. Según denuncias presentadas por una veeduría ciudadana y la Unión Sindical Obrera (USO), existirían irregularidades en la eventual cesión de este proyecto, cuyo valor alcanzaría los 57 millones de dólares.
Señalamientos y alertas institucionales
Las acciones judiciales fueron radicadas ante entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de que se investigue la legalidad del proceso.
En los documentos conocidos, se menciona al presidente de la petrolera, Ricardo Roa, así como a directivos de alto nivel, en medio de lo que los denunciantes califican como posibles “maniobras oscuras” para favorecer a la empresa Montajes JM.
La controversia se intensifica debido a la vinculación de Jorge Moreno, quien estaría relacionado con la compañía interesada en el contrato y quien es padre de Laura Moreno, figura conocida en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, el caso de Luis Andrés Colmenares.
Investigación en curso y antecedentes
A finales de 2025, la Fiscalía abrió una investigación contra Jorge Moreno por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el expediente, se estarían analizando hechos relacionados con un posible desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ocurrido entre 2006 y 2009 mediante el uso de facturación falsa.
No obstante, es importante precisar que, hasta la fecha, no se ha realizado la imputación formal de cargos. De acuerdo con registros de la Rama Judicial, la audiencia ha sido aplazada en varias ocasiones, lo que implica que Moreno no cuenta actualmente con antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales.
La disputa por el contrato
En el centro de la polémica está la empresa Montajes JM, que, según las denuncias, estaría en proceso de negociación para asumir la operación del proyecto Fontana. La veeduría de Puerto Boyacá asegura que existen indicios de ofrecimientos indebidos para facilitar la adjudicación del contrato.
Sin embargo, desde Ecopetrol se ha negado oficialmente que exista una cesión en curso. A pesar de ello, un documento firmado por Jorge Andrés Moreno indicaría la disposición de la empresa para continuar con el proyecto.
En dicha comunicación, la compañía expresa su intención de garantizar la continuidad operativa de los campos, incluso ofreciendo mantener las condiciones laborales del personal actual e implementar mejoras salariales entre el 10 % y el 20 %.
Este punto ha generado preocupación entre los trabajadores del sector, quienes temen cambios en sus condiciones laborales y cuestionan la transparencia del proceso.
Reacciones y preocupación sindical
Desde la Unión Sindical Obrera se ha manifestado un rechazo contundente a la posibilidad de que activos estratégicos de la nación sean entregados a empresas vinculadas a investigaciones por delitos graves.
El sindicato también advierte sobre posibles afectaciones a los derechos laborales de los empleados que actualmente operan en los campos Teca-Nare. Para la organización, cualquier modificación en la operación debe garantizar estabilidad y transparencia.
Evaluación interna y próximos pasos
El caso ya escaló dentro de Ecopetrol y se encuentra en revisión por parte de su oficina de Ética y Cumplimiento. Este tipo de análisis suele extenderse por varios meses, mientras se verifican las condiciones legales, financieras y reputacionales de las empresas involucradas.
Por ahora, no existe una decisión oficial sobre la adjudicación del contrato. Sin embargo, la presión de los organismos de control y la atención mediática podrían acelerar las investigaciones y obligar a una mayor transparencia en el proceso.
Un caso que pone a prueba la transparencia
La polémica alrededor de este contrato refleja los desafíos que enfrenta el sector público en materia de contratación, especialmente cuando se trata de proyectos de alto valor económico y relevancia estratégica.
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, garantizar procesos abiertos y evitar cualquier sombra de duda sobre la gestión de los recursos públicos.
En un contexto donde la confianza institucional es clave, el desenlace de esta situación será determinante para la credibilidad de Ecopetrol y para el futuro de la gestión de contratos en el sector energético colombiano.
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