Documentos revelarían presunta purga de oficiales en las Fuerzas Militares
La controversia por la salida de oficiales de las Fuerzas Militares vuelve a sacudir al Gobierno nacional luego de conocerse documentos reservados que evidenciarían presuntos juicios de valor utilizados para justificar el retiro de cerca de cien uniformados bajo la figura de llamamiento a calificar servicios.
La situación ha generado preocupación dentro de la institución militar, especialmente entre oficiales que consideran que esta herramienta administrativa estaría siendo usada como una “sanción encubierta”, práctica que, según advierten, estaría prohibida por la legislación colombiana.
La polémica surgió tras revelaciones sobre una junta asesora del Ministerio de Defensa en la que participaron altos mandos militares y en la que se habría avalado la salida masiva de oficiales de diferentes rangos, entre ellos coroneles, tenientes coroneles y mayores.
El encuentro fue presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y contó con la participación de 63 generales y oficiales de insignia, encabezados por el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.
Según la documentación conocida, una de las conclusiones consignadas en las actas señala que algunos de los oficiales retirados “perjudicaron de manera grave la rectitud y valores que son base fundamental de los miembros del Ejército Nacional”.
Ese tipo de afirmaciones ha despertado fuertes cuestionamientos entre los militares afectados, quienes aseguran que nunca fueron vinculados a procesos disciplinarios, investigaciones penales o actuaciones administrativas que sustentaran dichos señalamientos.
Para varios de los oficiales retirados, la inclusión de ese tipo de conceptos dentro de un procedimiento administrativo vulneraría el debido proceso y afectaría directamente su buen nombre, especialmente después de años de servicio y reconocimientos dentro de la institución.
Uno de los oficiales consultados aseguró que el problema radica en el uso que se le estaría dando a la figura de llamamiento a calificar servicios, contemplada en el artículo 103 de la Ley 1790 de 2000.
Dicha norma establece que los oficiales y suboficiales pueden ser retirados después de cumplir quince años o más de servicio, mecanismo que históricamente ha sido utilizado como una herramienta administrativa para renovar cuadros de mando.
Sin embargo, los militares afectados sostienen que, cuando se acompañan estas decisiones con juicios sobre la conducta o la integridad de los uniformados, la figura deja de ser administrativa y adquiere características sancionatorias.
“Se está utilizando un mecanismo legal de retiro para emitir señalamientos que afectan la honra de oficiales sin que exista un proceso previo”, aseguró uno de los afectados tras conocer los documentos reservados.
Los cuestionamientos también apuntan a que el procedimiento adecuado, en caso de existir razones relacionadas con el servicio o con conductas internas, debería aplicarse bajo el artículo 104 de la misma ley, que contempla la facultad discrecional para retirar oficiales previa recomendación del Comité de Evaluación.
En medio de la controversia, crece el malestar dentro de sectores militares que consideran que las recientes decisiones estarían debilitando la experiencia operativa de las Fuerzas Militares.
Varios oficiales retirados aseguran que entre los afectados existen uniformados con destacadas hojas de vida, amplia trayectoria en inteligencia, combate y operaciones estratégicas, además de formación académica avanzada y experiencia internacional.
“Se está prescindiendo de oficiales preparados, con maestrías, experiencia operacional y años de servicio al país”, manifestó otro de los uniformados consultados.
El debate tomó mayor fuerza luego de declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien reconoció públicamente que durante su gobierno podrían haberse cometido injusticias en la salida de integrantes de la Fuerza Pública.
“Yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar”, expresó recientemente el mandatario al referirse a los movimientos internos dentro del Ejército y la Policía.
Las palabras del jefe de Estado generaron nuevas críticas desde sectores políticos de oposición y analistas de seguridad, quienes han cuestionado las transformaciones impulsadas por el Gobierno en la estructura militar.
Desde distintos sectores se ha advertido que las salidas masivas de oficiales experimentados podrían afectar capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares, especialmente en momentos en que el país enfrenta desafíos relacionados con grupos armados ilegales y estructuras criminales.
La administración de Gustavo Petro ha sido señalada en varias oportunidades de promover una de las mayores reestructuraciones recientes dentro de la Fuerza Pública, incluyendo relevos en inteligencia y mandos operacionales.
Mientras tanto, la revelación de estos documentos podría abrir un nuevo debate jurídico y político sobre los límites legales del llamamiento a calificar servicios y sobre la protección de los derechos de los uniformados retirados.
Expertos en derecho militar consideran que, de comprobarse la existencia de señalamientos sin sustento disciplinario o judicial, podrían presentarse acciones legales por presunta afectación al debido proceso y al buen nombre.
La controversia también podría generar nuevas solicitudes de revisión sobre las decisiones adoptadas por la junta asesora del Ministerio de Defensa y sobre los criterios utilizados para ordenar los retiros masivos dentro de las Fuerzas Militares.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
