La médica venezolana Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel, la pena máxima prevista por la legislación venezolana para delitos como homicidio, secuestro o violación. Sin embargo, su caso no involucra violencia ni armas: la doctora fue juzgada por el envío de un audio de WhatsApp en el que criticaba al presidente Nicolás Maduro e instaba a su comunidad a votar en su contra en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
El mensaje, enviado a un grupo de vecinos de San Juan de Colón (Táchira), responsabilizaba al mandatario de la severa crisis económica del país. La denuncia partió de simpatizantes del gobierno, quienes recibieron la grabación y la entregaron a la Fiscalía, bajo amenazas de retirar a la doctora beneficios sociales como alimentos y gas subsidiado.
Orozco fue detenida el 5 de agosto de 2024, ocho días después de los comicios, tras ser sacada de su vivienda por agentes policiales que le aseguraron que solo sería “entrevistada”. Su familia permaneció tres días sin conocer su paradero.
La sentencia y los delitos imputados
El pasado 16 de noviembre, la jueza Luz Dary Moreno Acosta, del Tribunal 4 de Juicio de Táchira, condenó a Orozco por los delitos de:
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Traición a la patria
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Conspiración
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Incitación al odio
Durante el acto de lectura del veredicto, la jueza afirmó que mensajes como el enviado por Orozco “ponen en riesgo la paz de Venezuela” y podrían servir como “excusa para una invasión estadounidense”, según testigos presentes.
El hijo de la doctora, Paul Ruiz, sostiene que su madre no cometió ningún delito:
“Ella no salió a quemar cauchos, no llamó a una invasión, solo expresó su sufrimiento y pidió votar por un cambio”.
A pesar de que la doctora sufrió un infarto durante el año que estuvo detenida, la jueza negó la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad condicional, alegando riesgo de fuga y posible “influencia sobre testigos”.
Una tendencia creciente: procesados por publicaciones digitales
La condena se enmarca en una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercen su libertad de expresión en redes sociales.
La Ley Constitucional contra el Odio, cuya amplitud ha sido criticada por organizaciones internacionales, contempla penas de hasta 20 años de prisión por mensajes considerados “incitadores al odio”. De acuerdo con Espacio Público, entre 2021 y 2023 al menos 22 venezolanos fueron detenidos por contenidos difundidos en plataformas digitales.
Casos recientes incluyen:
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Marcos Palma, condenado a 15 años por un audio en WhatsApp en el que protestaba por la falta de gas doméstico.
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Randal Telles, joven estudiante de enfermería, también condenada a 15 años por un video de TikTok crítico del gobierno, que su familia sostiene fue generado mediante inteligencia artificial.
El temor a investigaciones ha llevado a muchos ciudadanos a evitar comentarios políticos en redes o a eliminar constantemente sus historiales.
Críticas y cuestionamientos al fallo
La sentencia ha generado un amplio rechazo dentro y fuera de Venezuela.
La relatora para Venezuela de la CIDH, Gloria De Mees, señaló que el caso demuestra la falta de independencia judicial:
“Es parte del aparato represivo del Estado. La Ley contra el Odio restringe severamente la libertad de expresión y genera un clima de miedo y autocensura”.
Juristas también ponen en duda la base legal de la condena:
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El penalista Zair Mundaray cuestionó la tipificación de incitación al odio:
“Para que exista, el mensaje debe generar expresiones de odio contra otros. Aquí no ocurrió”.
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Sobre los delitos de traición y conspiración, afirmó:
“No hay acciones concretas que indiquen que intentó cambiar el orden constitucional o aliarse con actores extranjeros”.
El hijo de la doctora insiste en que el objetivo del gobierno es intimidar a quienes protestan:
“Con este tipo de sentencias quieren quitarnos el derecho a pataleos”.
