Destituyen a coronel y jueza de la Justicia Penal Militar por acoso laboral
Una decisión de alto impacto sacude a la Procuraduría General de la Nación tras confirmarse la destitución disciplinaria de una teniente coronel y de la jueza primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, Heidy Johana Zuleta Gómez, por acoso laboral contra una oficial subalterna.
El fallo de primera instancia determinó que existieron conductas reiteradas de maltrato y persecución en contra de una mayor que se encontraba bajo su línea de mando y coordinación profesional. Según el organismo de control, las pruebas recaudadas demostraron un patrón sistemático de presión y hostigamiento que afectó gravemente la salud emocional y el entorno laboral de la víctima.
Conductas reiteradas de maltrato y persecución
De acuerdo con la investigación disciplinaria, la teniente coronel incurrió en comportamientos que fueron catalogados como acoso laboral en sus modalidades de maltrato y persecución.
Entre las conductas probadas se encuentra la ridiculización pública de la mayor por su equipo de cómputo, comentarios relacionados con su vida íntima y personal, así como expresiones que vulneraron su dignidad profesional.
El expediente señala que la superior utilizó su antigüedad y posición jerárquica para intimidar a la subalterna, generando un ambiente de presión constante. Esta situación, según la evaluación psicológica practicada durante el proceso, derivó en cuadros de ansiedad y depresión en la víctima.
La Procuraduría concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de un comportamiento reiterado que deterioró el clima laboral dentro de la institución castrense.
Faltas gravísimas cometidas a título de dolo
En esta etapa procesal, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento calificó las faltas atribuidas a Heidy Johana Zuleta Gómez como gravísimas, cometidas a título de dolo.
El ente de control determinó que se violó el deber funcional y el principio de moralidad administrativa, afectando el buen servicio público y la convivencia laboral en la Justicia Penal Militar.
El fallo subraya que quienes ejercen cargos de mando tienen la obligación reforzada de garantizar entornos laborales respetuosos y ajustados a la ley, especialmente en instituciones jerarquizadas como las fuerzas militares.
La decisión implica la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, aunque aún no se encuentra en firme.
Derecho a la apelación
Contra la decisión de primera instancia, tanto la teniente coronel como la jueza sancionada podrán interponer recurso de apelación dentro de los términos legales. Será la instancia correspondiente la que determine si confirma, modifica o revoca la sanción impuesta.
Mientras tanto, el caso se convierte en un precedente relevante en materia disciplinaria dentro de la Justicia Penal Militar, un ámbito que históricamente ha sido objeto de escrutinio público por su régimen especial y su estructura jerárquica.
Acoso laboral en instituciones jerárquicas
El acoso laboral es una conducta sancionada por la legislación colombiana, especialmente cuando se configura un patrón sistemático de hostigamiento que afecta la dignidad, la estabilidad emocional o el desempeño profesional de un trabajador.
En entornos militares y judiciales, donde la jerarquía es un elemento estructural, la línea entre la exigencia disciplinaria y el abuso de autoridad puede volverse difusa. Sin embargo, la normativa es clara en establecer que ninguna posición de mando puede justificar actos que vulneren derechos fundamentales.
La Procuraduría reiteró que el principio de moralidad administrativa exige a los servidores públicos actuar con respeto, imparcialidad y responsabilidad, garantizando ambientes laborales libres de violencia psicológica o intimidación.
Impacto institucional y mensaje disciplinario
La destitución de una oficial de alto rango y de una jueza de Brigada envía un mensaje contundente dentro de la institucionalidad militar y judicial. La decisión refuerza la política de tolerancia cero frente al acoso laboral y el abuso de autoridad.
Analistas jurídicos consideran que este tipo de sanciones buscan fortalecer la confianza en los mecanismos de control disciplinario y promover entornos laborales seguros, incluso en estructuras altamente jerarquizadas.
El caso también resalta la importancia de las evaluaciones psicológicas y de los testimonios como elementos probatorios en procesos disciplinarios relacionados con violencia laboral.
Un precedente que marca la pauta
Aunque la decisión aún puede ser apelada, el fallo de primera instancia marca un precedente significativo en la lucha contra el acoso laboral dentro de instituciones armadas y judiciales.
La determinación de la Procuraduría reafirma que ningún rango ni investidura está por encima de la ley, y que el respeto a la dignidad humana debe prevalecer en cualquier relación laboral, independientemente de la jerarquía.
Mientras se define el futuro jurídico de las sancionadas, el caso ya genera repercusiones al interior de la Justicia Penal Militar y abre el debate sobre la necesidad de fortalecer protocolos de prevención y atención del acoso laboral en entidades del Estado.
Con esta decisión, el órgano de control envía una señal clara: el abuso de autoridad y el hostigamiento laboral no serán tolerados en el servicio público colombiano.
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