Impuesto del 4×1.000 podría dejar de cobrarse a millones de colombianos: proponen eliminarlo en ocho años
El impuesto a las transacciones financieras, conocido popularmente como 4×1.000, podría empezar a desmontarse de manera gradual en Colombia si prospera una propuesta presentada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). La iniciativa plantea eliminar el gravamen en un periodo de ocho años con el objetivo de fomentar la formalización empresarial y fortalecer el desarrollo productivo del país.
El presidente de Anif, José Ignacio López, explicó que este tributo se ha convertido en una barrera para que millones de pequeños empresarios y trabajadores informales ingresen plenamente al sistema financiero y tributario.
“El impuesto a las transacciones financieras disuade a muchos colombianos y a muchas empresas pequeñas de estar en la formalidad y, por tanto, no hay recaudo, precisamente porque existe ese impuesto”, afirmó durante la presentación de la alianza Colombia Progresa 2630, una iniciativa que reúne a seis centros de pensamiento para proponer reformas en áreas clave como salud, seguridad, energía, financiamiento y agro.
¿Por qué eliminar el 4×1.000?
El 4×1.000 nació como una medida temporal, pero con el paso de los años se convirtió en una fuente estructural de ingresos para el Estado. Según cifras oficiales, este impuesto genera cerca de $16 billones anuales.
Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que en 2025 el recaudo específico por este concepto fue de $1,91 billones, dentro de un total tributario que alcanzó los $296 billones, cifra inferior a la meta oficial de $305,4 billones.
López reconoció que eliminar el impuesto de forma inmediata sería inviable debido a la actual situación fiscal del país. “En el muy corto plazo va a ser muy difícil reducir esas distorsiones por el faltante de ingresos”, explicó.
Por eso, la propuesta contempla una eliminación progresiva en ocho años, permitiendo que el Estado compense la caída de ingresos mediante un aumento en la formalización y el crecimiento económico.
“Embarquémonos en irlo desmontando y, si la situación fiscal mejora y la formalidad empieza a florecer y a darnos más recaudo, podemos acelerar ese desmonte”, sostuvo.
Alta informalidad empresarial
El debate sobre el 4×1.000 está estrechamente ligado a los niveles de informalidad en Colombia. De acuerdo con el Banco de la República, el índice multidimensional de informalidad empresarial alcanzó el 90,2% entre 2024 y 2025.
Sectores como minería registran informalidad total (100%), seguidos por transporte (98,6%), construcción (96%) y actividades agropecuarias (95,3%). Estas cifras reflejan un problema estructural que limita la productividad y la capacidad de recaudo del Estado.
Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha señalado que más del 90% de las empresas del país son microempresas, donde la informalidad es más marcada debido a trabas burocráticas, altos costos laborales y dificultades de acceso a crédito y tecnología.
Impacto en el empleo y las finanzas públicas
La informalidad también domina el mercado laboral. Según el Dane, la tasa promedio de informalidad laboral se ubicó en 55,7% a finales de 2025. Ciudades como Sincelejo y Riohacha superan el 60%, mientras que Bogotá y Manizales presentan los niveles más bajos.
Este fenómeno tiene consecuencias directas sobre la base tributaria. Menor formalización implica menos aportes al sistema, menor estabilidad laboral y una presión creciente sobre las finanzas públicas.
En 2025, el recaudo total fue de $296 billones, con una brecha de $9,4 billones frente a la meta oficial. La retención en la fuente por renta representó el 35% del total, seguida por el IVA con 21,7% y los tributos aduaneros con 17,1%.
Una hoja de ruta gradual
Anif insiste en que, aunque el 4×1.000 sigue siendo relevante como fuente de ingresos, su impacto negativo sobre la formalización justifica revisar su permanencia.
La propuesta no plantea un desmonte inmediato, sino una hoja de ruta clara que envíe una señal de confianza a empresarios y ciudadanos. “Demos el primer paso. Empecémoslo a eliminar. Y si las condiciones fiscales mejoran, seamos más ambiciosos y desmontémoslo más rápido”, instó López.
El debate ahora queda en manos del próximo Gobierno y del Congreso, que deberán evaluar si el país puede asumir el reto de renunciar gradualmente a uno de sus impuestos más emblemáticos a cambio de impulsar la formalización y el crecimiento económico.
De concretarse el plan, millones de colombianos podrían dejar de pagar el 4×1.000 en los próximos años, marcando un cambio significativo en el sistema tributario nacional.
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