Denuncian que funcionarios del Inpec obstaculizan investigaciones por corrupción, torturas y violencia sexual
Una grave denuncia sobre presuntas irregularidades en el sistema penitenciario colombiano fue puesta en conocimiento de la Corte Constitucional. Un informe elaborado por la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión advierte que algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían dificultando investigaciones relacionadas con corrupción, torturas, violencia sexual y otras posibles violaciones a los derechos humanos al interior de los centros de reclusión del país.
El documento, remitido a la Sala Especial de Seguimiento encargada de vigilar el cumplimiento de la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario, expone una serie de obstáculos que, según la Comisión, afectan el monitoreo independiente sobre las condiciones de las personas privadas de la libertad.
Informe advierte restricciones durante las investigaciones
Según el reporte, las limitaciones impuestas durante las visitas a los establecimientos carcelarios no son iguales en todos los casos, sino que cambian dependiendo del tema que se pretenda investigar.
La Comisión de Seguimiento asegura que cuando las inspecciones están enfocadas en aspectos como la alimentación, la atención en salud, la infraestructura o las condiciones de habitabilidad, el acceso suele ser menos restrictivo.
Incluso, el informe señala que en algunos casos las deficiencias observadas son atribuidas por funcionarios a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a contratistas o a las empresas encargadas de prestar determinados servicios.
Las mayores trabas se presentarían en casos de corrupción y abusos
El panorama cambia, según la denuncia, cuando las investigaciones buscan esclarecer presuntos casos de corrupción, torturas, violencia sexual, malos tratos o actuaciones abusivas por parte de integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec.
En esos escenarios, la Comisión afirma haber documentado situaciones en las que se restringe el trabajo de verificación y seguimiento.
Entre las dificultades reportadas se encuentran la imposibilidad de realizar entrevistas privadas con personas privadas de la libertad, restricciones para utilizar grabadoras o cámaras durante las diligencias y la interrupción de conversaciones cuando los internos abordan presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
Estas situaciones, advierte el informe, limitarían la obtención de información independiente sobre hechos que podrían constituir conductas irregulares dentro del sistema penitenciario.
Alertan sobre una posible resistencia institucional
La Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión manifestó ante la Corte Constitucional que este tipo de prácticas evidenciaría una presunta resistencia institucional frente a los mecanismos de control y vigilancia externa.
Según el documento, impedir o limitar el acceso a información relacionada con posibles violaciones de derechos humanos afectaría la transparencia del sistema penitenciario y dificultaría el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en materia de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional.
Asimismo, el informe sostiene que estas actuaciones podrían favorecer escenarios de impunidad frente a denuncias de corrupción y abusos cometidos dentro de los establecimientos de reclusión.
Corte Constitucional mantiene seguimiento al sistema penitenciario
Las denuncias fueron conocidas por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, instancia encargada de verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas para superar la crisis estructural del sistema carcelario colombiano.
Desde hace varios años, la Corte mantiene vigilancia permanente sobre la situación de las cárceles debido a problemas relacionados con el hacinamiento, la insuficiencia en la prestación de servicios de salud, las condiciones de infraestructura, la alimentación y la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
El seguimiento también incluye la revisión de posibles vulneraciones derivadas de actuaciones de servidores públicos y de las condiciones generales de reclusión.
Organizaciones advierten sobre riesgos para los derechos humanos
La Comisión de Seguimiento, integrada por organizaciones sociales y expertos en derechos humanos, advirtió que las restricciones denunciadas afectan la posibilidad de ejercer un monitoreo independiente sobre las condiciones de los establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con el informe, la falta de acceso oportuno a información y testimonios podría dificultar el esclarecimiento de presuntas irregularidades y limitar la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Por ello, solicitaron a la Corte Constitucional mantener un seguimiento estricto a las actuaciones de las autoridades responsables del sistema penitenciario.
Continúa el debate sobre la crisis carcelaria
Las denuncias conocidas reavivan el debate sobre las condiciones del sistema penitenciario colombiano y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control institucional. Mientras la Corte Constitucional continúa verificando el cumplimiento de las medidas ordenadas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional, las organizaciones de seguimiento insisten en que la transparencia, el acceso a la información y las garantías para realizar investigaciones independientes son fundamentales para prevenir actos de corrupción, abusos de autoridad y vulneraciones a los derechos humanos dentro de las cárceles del país. Hasta el momento, el Inpec no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos contenidos en el informe presentado ante el alto tribunal.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
