Una grave denuncia por presunta corrupción sacude al Ministerio de Justicia. El ministro encargado, Andrés Idárraga, alertó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría sobre una posible red ilegal que estaría operando al interior de esa cartera, dedicada a la venta de certificados oficiales a cambio de dinero.
La información fue enviada mediante un documento dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al procurador general, Gregorio Eljach, en el que el ministro advierte sobre presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con la administración anterior, liderada por Eduardo Montealegre.
Según explicó Idárraga, la Oficina de Control Disciplinario Interno le informó el pasado 17 de diciembre sobre hechos que se habrían venido presentando desde septiembre de 2024, relacionados con la expedición y renovación de certificados de carencia, documentos clave para empresas que manejan sustancias químicas controladas.
De acuerdo con la denuncia, funcionarios habrían exigido dinero o dádivas para agilizar o aprobar estos trámites, lo que constituiría una práctica corrupta de alta gravedad.
El certificado de carencia es un requisito indispensable que acredita que una persona o empresa no tiene antecedentes por narcotráfico u otros delitos, y es obligatorio para la producción y comercialización legal de químicos usados como precursores industriales.
El ministro también reveló que tuvo conocimiento del caso tras recibir una denuncia directa de uno de los afectados, la cual fue trasladada de inmediato a la Fiscalía para su respectiva investigación.
“Debido a la presunta gravedad de los hechos, se solicita designar un fiscal competente y un equipo técnico investigador, con el fin de entregar las pruebas recaudadas hasta el momento”, señala el documento enviado al ente acusador.
Asimismo, Idárraga pidió al procurador Gregorio Eljach que disponga de un equipo especial para adelantar las acciones disciplinarias correspondientes.
Las autoridades ahora deberán determinar el alcance de la red, los funcionarios involucrados y las posibles responsabilidades penales y disciplinarias, en un caso que podría convertirse en un nuevo escándalo de corrupción dentro del Gobierno.
