Denuncian millonarios contratos a familia de Guillermo Jaramillo

Una nueva polémica sacude al Gobierno nacional luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara que familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de $3.000 millones en contratos con distintas entidades del Estado desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

“¿Estamos frente a un clan familiar beneficiado con recursos públicos? Más de $ 3.000 millones para una sola familia”, cuestionó la congresista, quien aspirará al Senado por la Alianza Verde. La denuncia, que rápidamente generó reacciones en redes sociales y en sectores políticos, se basa en un rastreo de contratos firmados por allegados del ministro en diferentes entidades públicas.

Contratos en varias entidades del Estado

De acuerdo con Miranda, la cuñada del ministro, María Clara Berrocal —esposa de Omar Jaramillo, hermano del funcionario— firmó cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por un valor superior a $390 millones.

La congresista también señaló que Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del ministro, suscribió en 2024 un contrato con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MinCiencias) por $72 millones.

Otro sobrino, Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, habría firmado 12 contratos con entidades estatales, entre ellas la Empresa Ferroviaria Regional, por un monto que superaría los $1.400 millones.

Miranda añadió que este último fue sancionado en 2023 por la Procuraduría General de la Nación durante seis meses e imputado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito en el marco del caso Odebrecht. Pese a ello, según la denuncia, continuó contratando con el Estado.

Hijastro, hermano e hijo del ministro

La lista expuesta por la congresista incluye además a Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, quien fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por cerca de $97 millones.

Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro, firmó un contrato con la Contraloría General de la República por $38 millones.

En el caso del hijo del ministro, Alejandro Jaramillo Gómez, Miranda indicó que desde agosto de 2024 ocupa el cargo de director de ProColombia en el Reino Unido, con ingresos mensuales superiores a $40 millones, lo que representaría cerca de $720 millones en total.

También mencionó que la esposa del ministro, Beatriz Eugenia Gómez, se desempeña como superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud y habría devengado aproximadamente $500 millones en ese cargo.

Debate político y cuestionamientos

Las declaraciones de Miranda se producen en medio de la discusión nacional por la crisis del sistema de salud y la reforma impulsada por el Ministerio de Salud. La congresista, quien respaldó la candidatura de Petro en 2022, fue enfática en señalar que este tipo de situaciones contradicen la promesa de cambio y lucha contra los “clanes políticos”.

“El cambio salió chimbo, prometía acabar con los clanes, pero aquí el poder cambió fue de apellido”, afirmó la representante.

Hasta el momento, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no ha emitido un pronunciamiento público detallado frente a las acusaciones. Tampoco se conoce si los contratos mencionados cumplen con los requisitos legales y los procesos de selección establecidos por la normativa vigente.

Contexto político

Guillermo Alfonso Jaramillo es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. Su relación se remonta a décadas atrás, cuando Jaramillo fue concejal de Ibagué por el Partido Liberal y Petro militaba en el movimiento M-19.

La denuncia abre un nuevo frente político para el Gobierno, que ya enfrenta críticas por la reforma a la salud y la ejecución presupuestal del sector. Analistas advierten que, de comprobarse irregularidades, el caso podría escalar a instancias disciplinarias y fiscales.

Por ahora, el debate se mantiene en el terreno político, mientras sectores de oposición piden explicaciones formales y mayor transparencia en la contratación pública.

La controversia pone nuevamente bajo la lupa el manejo de recursos estatales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar posibles conflictos de interés, en un momento en el que la confianza ciudadana en las instituciones es un tema central en la agenda nacional.

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