La entidad emitió la Alerta Temprana 018 de 2025 y entregó 28 recomendaciones a 13 entidades del Estado. El documento revela la consolidación del poder armado del Frente Jaime Martínez, que ejerce control social, económico y territorial en la zona.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave situación de orden público en el municipio de Suárez, Cauca, tras emitir la Alerta Temprana 018 de 2025, en la que advierte un riesgo extremo para las comunidades debido al dominio del Frente Jaime Martínez, grupo disidente del Bloque Occidental “Comandante Jacobo Arenas” del denominado Nuevo Estado Mayor Central.
De acuerdo con el informe, esta estructura ha instaurado un régimen de control armado local que supera la capacidad institucional del Estado. La organización impone normas, cobra “impuestos”, regula la movilidad e incluso administra una especie de “justicia paralela”, afectando directamente la autonomía de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
La Defensoría señaló que este grupo mantiene una gobernanza basada en el miedo, sustentada en prácticas de violencia extrema como homicidios selectivos, torturas y desmembramientos, lo que ha generado desplazamientos forzados y confinamientos masivos en los últimos meses.
Además, el territorio se ha convertido en un corredor estratégico para actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal de oro, donde, según el documento, los mineros son obligados a entregar hasta cuatro gramos del metal por día al grupo armado.
“Ese flujo económico sostiene la expansión del Frente Jaime Martínez, que también opera en los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao”, advierte la Defensoría.
El análisis también describe un uso intensivo de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y drones modificados con cargas explosivas, lo cual constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Varios de estos ataques se han producido cerca de zonas pobladas y de infraestructura protegida, como la represa de La Salvajina.
Entre las poblaciones más afectadas están los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, líderes sociales, comunidades étnicas y firmantes del Acuerdo de Paz, quienes enfrentan amenazas y desplazamientos constantes.
Como respuesta, la Defensoría del Pueblo formuló 28 recomendaciones a 13 entidades nacionales y regionales, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades antidrones y antiexplosivos del Ministerio de Defensa, la asignación de un fiscal exclusivo para Suárez y la protección urgente de los procesos comunitarios e indígenas.
El organismo concluyó que la prioridad debe ser contener y prevenir la expansión del riesgo, reforzando la presencia integral del Estado en un territorio donde la violencia y la falta de institucionalidad amenazan de forma directa la vida y la dignidad de cientos de familias caucanas.
