La Alerta Temprana 013 de 2025 fue emitida con el propósito de advertir posibles amenazas al ejercicio libre y seguro de los derechos políticos, especialmente en territorios con antecedentes de violencia, presencia de grupos armados ilegales y debilidad institucional.

Inicialmente, el informe clasificó los municipios vulnerables en diferentes niveles de advertencia:

• 257 en Llamado a la Acción Ordinaria

• 216 en Llamado a la Observación Permanente

• 425 en Llamado a la Acción Prioritario

• 162 en Llamado a la Acción Urgente

• 62 en Llamado a la Acción Inmediata

Sin embargo, el seguimiento más reciente revela un panorama más preocupante. El número de municipios en Llamado a la Acción Prioritario aumentó a 433; en Llamado a la Acción Urgente subió a 168; y en Llamado a la Acción Inmediata pasó de 62 a 69.

Este crecimiento refleja, según la Defensoría, que los factores de riesgo no solo persisten, sino que se han intensificado en varias regiones del país.

Índice de Respuesta Estatal no supera el 65 %

Uno de los puntos más críticos del informe es el Índice de Respuesta Estatal, una herramienta que mide el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría. De acuerdo con el reporte, el indicador no supera el 65 % en los casos más avanzados y, en otros, registra un preocupante 0 % de cumplimiento.

Un ejemplo es la recomendación dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el pago oportuno de la reposición de votos correspondientes a las elecciones de 2023. Según la Defensoría, el avance es del 0 %, ya que no se ha presentado un cronograma de cumplimiento ni se han explicado las causas del retraso.

Asimismo, la recomendación enviada a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), adscrita al Ministerio del Interior, relacionada con la implementación del Decreto 800 de 2025 y la articulación institucional, solo presenta un avance del 29 %.

En cuanto a las acciones solicitadas a la Fuerza Pública para acompañar los procesos electorales antes, durante y después de la jornada democrática, el cumplimiento alcanza apenas el 65 %, pese a que las elecciones legislativas se aproximan.

Falta de coordinación y riesgos persistentes

La Defensoría atribuye estos bajos niveles de cumplimiento, en parte, a la falta de coordinación estatal. Según el informe, la ausencia de articulación entre entidades está debilitando la gobernanza y reduciendo la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo.

Entre los principales factores identificados se encuentran:

• Falta de garantías de seguridad en zonas de alta conflictividad.

• Riesgo para la participación política en zonas Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz).

• Barreras en el acceso a la justicia para denunciar delitos electorales.

• Persistencia de amenazas contra líderes sociales y posibles candidatos.

La entidad advierte que, si no se adoptan medidas urgentes, podrían verse comprometidas la transparencia y legitimidad del proceso electoral de 2026.

Seis nuevas recomendaciones

Frente al panorama descrito, la Defensoría del Pueblo formuló seis nuevas recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado:

1. Coordinación efectiva de la respuesta rápida ante alertas.

2. Disuasión de amenazas y fortalecimiento de garantías de seguridad.

3. Prevención y protección a candidaturas y población en riesgo.

4. Investigación y judicialización de delitos electorales.

5. Fortalecimiento de la participación ciudadana y la confianza institucional.

6. Mayor vigilancia y control por parte de organismos competentes.

La defensora Iris Marín insistirá en que la respuesta debe ser inmediata y estructural, especialmente en los municipios con Llamado a la Acción Inmediata, donde el riesgo es alto y puede impactar directamente la libertad del voto.

Elecciones 2026 bajo la lupa

El informe se presenta en un momento clave para el país, cuando comienza a tomar forma el calendario electoral rumbo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Para la Defensoría, garantizar condiciones de seguridad y transparencia no es solo una obligación legal, sino un pilar esencial para la democracia.

La advertencia es clara: el tiempo de reacción se acorta y los niveles actuales de cumplimiento no son suficientes para mitigar los riesgos identificados. De mantenerse esta tendencia, algunos territorios podrían enfrentar escenarios de presión armada, constreñimiento al elector o limitaciones a la competencia política.

El llamado final es a fortalecer la articulación interinstitucional y acelerar la ejecución de las medidas pendientes, con el fin de evitar que los riesgos advertidos se conviertan en hechos consumados en las urnas.

La Defensoría del Pueblo reiteró que continuará monitoreando el avance de las acciones y presentará nuevos reportes si persiste la baja respuesta estatal frente a una coyuntura que pone en juego la estabilidad democrática del país.

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