La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que tendría el recorte del 5 % al presupuesto de la Defensoría del Pueblo para 2026, incluido en la ponencia del Presupuesto General de la Nación radicada en el Congreso de la República.
Según explicó la funcionaria en un hilo publicado en su cuenta de X, la medida afectaría directamente la presencia territorial y la capacidad operativa de la entidad:
“Este recorte impactará severamente la misionalidad y presencia territorial de la Defensoría del Pueblo”, advirtió Marín.
De acuerdo con la defensora, el presupuesto proyectado para 2026 sería 59.530 millones de pesos menos que el de 2025, equivalente al 5 % del total, mientras que la inversión tendría una reducción del 30 %. Además, señaló que el monto asignado sería 151.222 millones menos de lo solicitado por la institución, es decir, 11,2 % inferior al requerimiento presentado.
Marín también recordó que este sería el segundo año consecutivo de recortes, ya que en 2025 la entidad recibió un 6,9 % menos de lo solicitado.
La funcionaria calificó de “desconcertante” que el Congreso proponga esta reducción sin dialogar con la Defensoría, pese a que la Constitución garantiza su autonomía presupuestal.
“Estos recortes se adoptan de manera unilateral, sin diálogo, y representan un desconocimiento de la autonomía de la Defensoría y de los Principios de París que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos”, enfatizó.
Consecuencias del recorte
Marín advirtió que la disminución de recursos tendría múltiples efectos negativos sobre las labores humanitarias y de protección de derechos humanos en el país, entre ellas:
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Afectar la capacidad de monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas.
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Cierre de Casas de los Derechos y reducción de jornadas de atención territorial.
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Menor capacidad para la toma de declaraciones y atención a víctimas del conflicto armado.
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Limitación del acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género.
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Reducción en el seguimiento a la crisis del derecho a la salud.
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Menor capacidad de prevención del reclutamiento infantil y apoyo a jóvenes.
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Afectación de la implementación del Acuerdo de Escazú.
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Disminución del apoyo a la población migrante y refugiada.
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Debilitamiento del seguimiento a la crisis del sistema penitenciario.
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Menor respuesta ante emergencias ambientales y desastres naturales.
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Reducción en la cobertura del servicio de Defensa Pública.
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Limitación para ejecutar obras de infraestructura en sedes hacinadas o en zonas de riesgo.
La defensora también contextualizó su preocupación en un momento en el que la cooperación internacional y los organismos de derechos humanos de la ONU están reduciendo su presencia en Colombia.
“Con esta disminución, el acompañamiento humanitario seguirá reduciéndose en todo el país, incluso en zonas golpeadas por la violencia, en un año electoral y con serios riesgos para las comunidades”, advirtió.
“Las puertas están cerradas para el diálogo”
En entrevista con W Radio, Marín reveló que intentó comunicarse con el presidente Gustavo Petro y con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) antes de hacer público su pronunciamiento, pero no obtuvo respuesta.
“Planteé la situación al presidente por un canal de mensajería, pero no me respondió nada concreto. También busqué a la directora del DAPRE, y tampoco pude hablar con ella”, afirmó.
Marín indicó que percibe “las puertas cerradas para mantener el diálogo” y cuestionó la falta de claridad sobre los motivos del recorte:
“Algunos congresistas han mostrado preocupación, pero tampoco saben explicar por qué se redistribuye el recorte general del presupuesto de una forma tan impactante para la Defensoría.”
Finalmente, recordó que los 151 mil millones de pesos que faltan para cumplir adecuadamente las funciones en 2026 representan menos del 0,3 % del Presupuesto General de la Nación.
“Nosotros cubrimos necesidades en territorios donde muchas veces otras instituciones no llegan. No se trata solo de pronunciamientos, sino de acompañamiento directo y humanitario a las comunidades”, enfatizó.
Marín cerró su mensaje con un llamado urgente al Congreso:
“Pedimos que se evalúe seriamente esta decisión, a la luz de sus consecuencias en el contexto actual del país. Seguiremos cumpliendo nuestra labor con la esperanza de que las poblaciones que más lo requieren cuenten con nuestro acompañamiento.”
