Defensa de Carlos Ramón González pidió que no se le llame “prófugo de la justicia”
En medio del avance del proceso penal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la defensa del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, solicitó formalmente que no se le califique como “prófugo de la justicia”, pese a que el exfuncionario se encuentra fuera del país y no ha comparecido ante las autoridades judiciales.
La petición fue realizada este jueves 29 de enero, durante una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la Fiscalía General de la Nación avanzó en la presentación del escrito de acusación contra González Merchán, quien permanece en Nicaragua desde hace más de un año.
Graves cargos por corrupción
Carlos Ramón González fue acusado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, en el marco del expediente que investiga el multimillonario desfalco a la UNGRD, entidad encargada de la atención de emergencias y desastres en el país.
Según la Fiscalía, el exfuncionario tuvo una participación directa y determinante en la presunta entrega de sobornos a congresistas, con el objetivo de asegurar respaldo legislativo a proyectos del Gobierno Nacional.
Uno de los elementos centrales de la acusación es la referencia al cónclave realizado el 27 de noviembre de 2023, en los pasillos de la Casa de Nariño, pocas horas antes de un consejo de ministros. Allí, según el ente acusador, González Merchán habría impartido instrucciones clave para la ejecución del entramado corrupto.
Orden directa para entregar contratos
De acuerdo con la acusación que será presentada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, Carlos Ramón González habría ordenado a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, entregar contratos por 60.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
El propósito de esos contratos, según la Fiscalía, era claro: pagar sobornos para que los legisladores brindaran apoyo a los proyectos de ley impulsados por el Gobierno en el Congreso de la República.
El escrito de acusación también señala que González Merchán tenía pleno conocimiento de que los recursos utilizados estaban destinados originalmente a la atención de emergencias en La Guajira, uno de los departamentos con mayores índices de pobreza y desabastecimiento de agua potable.
Conocimiento de la ilegalidad
Para la Fiscalía, el exdirector del Dapre actuó con plena conciencia de la ilicitud de sus actos. En uno de los apartes más contundentes del documento se afirma que sabía que este tipo de comportamientos estaban prohibidos por el Estatuto Penal, y que, aun así, determinó a otros servidores públicos a ejecutar las acciones necesarias para desviar los recursos.
En particular, se menciona su presunta responsabilidad en inducir a Olmedo López y a Sandra Liliana Ortiz Nova a adelantar las maniobras ilegales que permitieron obtener y entregar los dineros de la UNGRD.
Víctimas reconocidas en el proceso
Durante la diligencia judicial, varias entidades y comunidades solicitaron ser reconocidas como víctimas dentro del proceso. Entre ellas figuran la UNGRD, la Contraloría General de la República, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y tres comunidades indígenas del pueblo wayúu, asentadas en La Guajira.
Estas comunidades, según lo expuesto, habrían resultado directamente afectadas por el desvío de recursos que estaban destinados a garantizar el acceso al agua potable y a mitigar emergencias humanitarias.
Polémica por el término “prófugo”
Uno de los momentos más tensos de la audiencia se produjo cuando Pablo Bustos, abogado de la Red de Veedurías Ciudadanas, solicitó su reconocimiento como víctima y afirmó que la corrupción en la UNGRD privó a las comunidades indígenas “más pobres” de derechos básicos.
En su intervención, Bustos aseguró que Carlos Ramón González no ha acudido a materializar la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema, razón por la cual lo calificó como “prófugo de la justicia”.
Esta afirmación fue inmediatamente rechazada por Iván Cancino, abogado defensor del exdirector del Dapre, quien pidió respeto y solicitó que se establezcan “reglas claras” en el proceso, insistiendo en que su cliente no puede ser catalogado como prófugo.
Proceso en curso
Mientras la defensa busca desmarcar a González Merchán de esa calificación, la Fiscalía avanza con el proceso penal, que continuará en la Corte Suprema de Justicia. La situación jurídica del exfuncionario sigue siendo delicada, especialmente por su permanencia en el exterior y la gravedad de los delitos imputados.
El caso UNGRD se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, con profundas implicaciones políticas, sociales y humanitarias, particularmente para regiones históricamente vulnerables como La Guajira.
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