Un nuevo decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública generó impacto en el ámbito político nacional al oficializar una reducción significativa en los salarios de los congresistas. El documento elimina una prima de servicios que representaba una suma mensual de 16,9 millones de pesos, beneficio que hasta ahora hacía parte de la remuneración habitual de senadores y representantes a la Cámara.
Según el decreto, la medida no tendrá efectos inmediatos, sino que empezará a regir a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso de la República. Esto significa que los actuales legisladores, elegidos para el periodo 2022–2026, continuarán recibiendo el salario completo hasta finalizar su mandato.
Actualmente, los ingresos mensuales de los congresistas se componen de tres factores principales: un salario básico de aproximadamente 12,4 millones de pesos, gastos de representación cercanos a los 22,1 millones de pesos, y una prima especial de servicios de 16,9 millones de pesos, la cual se giraba de manera mensual. Con la eliminación de esta última, la estructura salarial se reducirá a solo dos componentes.
Al sumar estos conceptos, junto con las deducciones obligatorias por aportes a salud, pensión y fondo solidario pensional, que rondan los 5,8 millones de pesos, el salario total de los congresistas alcanza actualmente los 57,3 millones de pesos mensuales. Ese monto dejará de percibirse una vez se instale el nuevo Congreso.
El decreto también establece la derogatoria de una norma expedida en octubre de 2013, que fue la que reconoció oficialmente la prima especial de servicios para los integrantes del Congreso. “El presente decreto surte efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026 y deroga las disposiciones que le sean contrarias”, señala el documento publicado por la Función Pública.
En el texto se aclara, además, que este organismo es la entidad competente para emitir conceptos relacionados con los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos, de acuerdo con lo estipulado por la ley.
Con la nueva reglamentación, la remuneración de los congresistas quedará conformada únicamente por el sueldo básico y los gastos de representación. No obstante, el decreto no hace referencia a la prima de servicios semestral que también reciben los legisladores, lo que ha generado interrogantes sobre si este beneficio se mantendrá o será objeto de futuras modificaciones.
La decisión ha reactivado el debate público sobre los altos salarios del Congreso, la austeridad en el gasto público y la necesidad de ajustar las remuneraciones de los altos funcionarios en un contexto de dificultades económicas para el país. Mientras tanto, el nuevo esquema salarial quedará en pausa hasta la llegada del próximo periodo legislativo.
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