Corrupción en la UNGRD: Corte Suprema reanuda debate para enviar a juicio a congresistas

La Corte Suprema de Justicia retomará este miércoles el debate sobre la ponencia que propone llamar a juicio y dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco congresistas y un excongresista investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La discusión se adelantará en la Sala de Instrucción del alto tribunal y contará con la participación de dos conjueces, convocados tras los empates que se registraron en las sesiones anteriores.

Un debate que no logra mayoría

Durante las últimas semanas se realizaron dos salas extraordinarias, pero ninguna logró alcanzar la mayoría necesaria para aprobar las peticiones planteadas por el magistrado ponente Misael Fernando Rodríguez Castellanos.

La votación entre los seis magistrados terminó en empates de tres votos, lo que obligó a convocar conjueces para destrabar la decisión sobre la situación jurídica de los investigados.

La ponencia plantea que los congresistas habrían vendido su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023 para favorecer proyectos del Gobierno a cambio de contratos y obras financiadas con recursos de la UNGRD.

La discusión sobre enviar a la cárcel a los investigados

Uno de los puntos más polémicos del debate es la medida de aseguramiento en centro carcelario que propone el magistrado ponente.

Según la ponencia, la gravedad de los hechos y el riesgo de que continúe la conducta delictiva justifican una medida restrictiva de la libertad, especialmente porque varios de los congresistas continúan en ejercicio y algunos buscan la reelección.

El magistrado Héctor Alarcón respalda esta postura y considera que la medida debe aplicarse contra todos los investigados.

Posturas divididas entre los magistrados

Sin embargo, dentro de la Sala existen posiciones diferentes:

  • La magistrada Cristina Lombana considera que la medida de aseguramiento solo debería aplicarse a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, debido a su intención de mantenerse en el Congreso y el riesgo de continuidad en las conductas investigadas.

  • El magistrado Marco Antonio Rueda sostiene que no se cumplen los requisitos legales para ordenar la detención preventiva de estos dirigentes políticos.

  • Por su parte, el magistrado César Reyes considera que sí existen pruebas para acusar a Manzur, Manrique y Juan Pablo Gallo, pero no para imponerles una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

  • Finalmente, el magistrado Francisco Farfán respalda que los seis dirigentes sean llamados a juicio, aunque sin enviarlos a prisión preventiva.

Una decisión que podría tardar

Debido a las diferencias entre los magistrados y la complejidad del caso, fuentes cercanas al proceso señalan que la decisión definitiva podría tardar varios meses.

El proceso judicial busca establecer si los congresistas utilizaron sus cargos para obtener contratos y proyectos en distintas regiones del país, fortaleciendo así sus bases políticas y electorales mediante recursos de la UNGRD.

La sesión de este miércoles será clave para determinar si la Corte Suprema logra destrabar el debate y avanzar en uno de los escándalos de corrupción más sensibles en el manejo de recursos públicos recientes en Colombia.

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