David Racero citado a indagatoria por caso del fruver

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, fue citado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el marco de una investigación que lo vincula con presuntas irregularidades en un negocio familiar de fruver en Bogotá.

El congresista deberá presentarse ante el despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina el próximo lunes 9 de marzo, a las 8:30 a.m., para rendir declaración sobre los hechos que se le imputan.

Investigación por concusión

Racero es investigado por el delito de concusión, tipificado en el Código Penal como el abuso de funciones de un servidor público para obtener beneficios económicos indebidos. La norma establece que quien cometa este delito podría enfrentar hasta ocho años de cárcel, multas millonarias y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Según el auto de apertura de investigación de la Corte Suprema, se analizan dos eventos principales:

  1. Trabajo de su UTL en su negocio familiar: Se indaga si Racero habría ordenado a sus asesores y a su conductor dejar de cumplir sus funciones legislativas para trabajar en el establecimiento de frutas y verduras que creó junto a su familia en 2020, durante la pandemia.

  2. Exigencia de ingresos a asesora: Se investiga si uno de sus funcionarios fue obligado a entregar una parte de sus ingresos devengados como empleado del Congreso.

Pruebas en el expediente

Entre las evidencias, se encuentra un audio de WhatsApp en el que Racero organiza la contratación de una empleada para el fruver. En la grabación se le escucha detallando condiciones laborales por debajo del salario mínimo, jornadas de casi 13 horas y sin prestaciones sociales, comprometiéndose a pagar un millón de pesos.

Estas pruebas ponen en el centro de la investigación la posible utilización de recursos humanos del Congreso para fines privados, situación que contrasta con la imagen pública del congresista como defensor de los derechos laborales.

Contexto electoral y decisiones previas

David Racero aspira a pasar de la Cámara de Representantes al Senado en las elecciones del 8 de marzo, lo que aumenta la relevancia política de la indagatoria.

Por otro lado, en febrero de este año, el Consejo de Estado de Colombia negó una demanda que solicitaba su pérdida de investidura por estos mismos hechos. El tribunal concluyó que no se demostró la indebida destinación de recursos públicos ni existía evidencia suficiente para establecer responsabilidad plena.

“La Sala negará las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró el tercer ingrediente de la causal de la desinvestidura invocada en las demandas que dieron origen a los procesos acumulados”, indicó el Consejo de Estado, enfatizando que los medios de prueba no eran lo suficientemente concluyentes.

Próximos pasos en la Corte Suprema

Con la citación a indagatoria, la Corte Suprema busca esclarecer si Racero, en su calidad de representante a la Cámara, abusó de su cargo para beneficiarse personalmente o favorecer a su negocio familiar.

El caso mantiene la atención de medios y ciudadanos, dado que involucra la posible vulneración de normas éticas y legales por parte de un funcionario público en ejercicio, y coincide con su participación en un proceso electoral que definirá su futuro político.

La indagatoria del 9 de marzo será determinante para establecer la línea de investigación y decidir si se aplican medidas cautelares, incluyendo posibles sanciones o procesos judiciales adicionales.

Este caso se suma a otros procesos de control sobre la gestión de congresistas y funcionarios en Colombia, reflejando la vigilancia de la justicia sobre la correcta utilización de recursos humanos y la ética en el ejercicio de funciones públicas.

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