Crisis en EPS intervenidas: Procuraduría lanza alerta
La crisis del sistema de salud en Colombia vuelve a encender las alarmas tras una contundente advertencia de la Procuraduría General de la Nación, que confirmó el deterioro progresivo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En una entrevista exclusiva con la revista SEMANA, la procuradora delegada para el sector Salud, Mónica Ulloa, reveló un panorama preocupante: fallas administrativas, crisis financiera y una conclusión contundente, “el sistema no está funcionando”.
Suspensión de interventores agrava la crisis
Uno de los hechos más relevantes es la suspensión provisional de cinco interventores encargados de EPS clave como Asmetsalud, Coosalud, Saviasalud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca.
Según la Procuraduría, estas decisiones se tomaron tras detectar graves irregularidades en la administración, la contratación y la prestación de servicios de salud. Las visitas realizadas desde julio del año pasado permitieron recopilar información técnica, jurídica y financiera que evidenció múltiples fallas estructurales.
Entre los hallazgos más alarmantes está la incapacidad de algunas EPS para responder a acciones de tutela, mecanismo clave para garantizar el acceso a servicios médicos en Colombia. Incluso, se identificaron casos donde las entidades no tenían control ni registro adecuado del volumen de estas solicitudes.
Aumento de tutelas y fallas en atención
El crecimiento sostenido de tutelas, quejas y reclamos es uno de los principales indicadores del colapso del sistema. De acuerdo con Ulloa, este fenómeno refleja una falla estructural en la prestación de servicios.
La situación es especialmente crítica en entidades como Nueva EPS, donde se reporta falta de capacidad operativa para responder a los usuarios. Esto implica que ni siquiera mediante órdenes judiciales se está garantizando la atención en salud.
Además, la Procuraduría encontró que las EPS intervenidas han perdido capacidad de negociación, lo que las ha llevado a contratar servicios bajo modalidades más costosas, como el pago por evento. Este modelo incrementa significativamente el gasto y reduce la eficiencia en el uso de los recursos.
Deterioro financiero y pérdidas millonarias
Uno de los puntos más críticos es el estado financiero de estas entidades. Según los informes, las EPS intervenidas acumulan pérdidas patrimoniales superiores a los 12 billones de pesos, lo que refleja un deterioro profundo en su sostenibilidad.
Todas las ocho EPS bajo intervención presentan patrimonio negativo, lo que significa que sus deudas superan ampliamente sus activos. En el caso de Nueva EPS, la situación es aún más compleja debido a la ausencia de estados financieros auditados, lo que dificulta conocer con precisión su realidad económica.
El aumento de los costos médicos también ha disparado la siniestralidad, es decir, el gasto en salud supera los ingresos que reciben las EPS. Este desbalance genera un déficit constante que compromete la operación del sistema.
Riesgo para millones de pacientes
La advertencia más grave de la Procuraduría apunta al impacto directo sobre los ciudadanos. El deterioro del sistema pone en riesgo el acceso efectivo al derecho a la salud, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o huérfanas.
Problemas en la contratación de redes de atención y en la distribución de medicamentos han generado retrasos en tratamientos esenciales, incluyendo procedimientos como quimioterapias.
La incertidumbre también rodea a la EPS más grande del país, que cuenta con más de 11 millones de afiliados. La falta de claridad sobre su situación jurídica y financiera aumenta el riesgo sistémico.
Falta de control y ausencia de soluciones
La Procuraduría ha insistido en la necesidad de acciones concretas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, según Ulloa, las respuestas han sido insuficientes.
Aunque se han emitido múltiples requerimientos, no se evidencian medidas efectivas que logren estabilizar el sistema. La falta de planes claros y de vigilancia rigurosa agrava aún más la crisis.
Un sistema bajo presión estructural
Más allá de las intervenciones, la crisis revela problemas estructurales en el modelo de salud colombiano. Factores como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), reconocida incluso por la Corte Constitucional, y los retrasos en pagos del sistema contribuyen al desequilibrio.
A esto se suman fallas en la gestión administrativa, la contratación y la coordinación entre actores del sistema, incluyendo aseguradores, prestadores y gestores farmacéuticos.
Conclusión: alerta máxima en el sistema de salud
El diagnóstico de la Procuraduría es claro: el sistema de salud colombiano enfrenta un deterioro progresivo que amenaza su estabilidad y la atención de millones de ciudadanos.
La combinación de crisis financiera, fallas operativas y falta de control efectivo configura un escenario crítico que exige respuestas urgentes. Mientras tanto, los pacientes siguen siendo los más afectados en medio de una incertidumbre creciente sobre el futuro del sistema.
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