Crisis de EPS en Colombia: informe revela colapso y aumento de tutelas
El sistema de salud colombiano atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Un informe reciente de la Procuraduría General de la Nación reveló un deterioro progresivo en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno, con cifras alarmantes en costos médicos, deudas y acceso a servicios.
La situación revive una frase que el presidente Gustavo Petro pronunció en 2023 y que hoy genera controversia. En aquel momento, el mandatario describió el posible colapso del sistema con un “shu, shu, shu”, comparándolo con un efecto dominó entre las EPS. Dos años después, los datos parecen confirmar ese escenario.
Radiografía de una crisis profunda
El informe, conocido tras inspecciones iniciadas en 2025, advierte sobre “el permanente deterioro del sistema de salud en Colombia”. La evaluación se centró en ocho EPS intervenidas, entre ellas:
- AsmetSalud
- Capresoca
- Coosalud
- Emssanar
- Famisanar
- Servicio Occidental de Salud (SOS)
- SaviaSalud
- Nueva EPS
Estas entidades concentran más de 23 millones de afiliados, cerca del 44 % de la población del país, lo que amplifica el impacto de la crisis.
Según explicó Mónica Ulloa, delegada de la Procuraduría para el sector salud, se identificaron pérdidas patrimoniales acumuladas superiores a 12 billones de pesos, junto con un incremento significativo en los costos médicos, lo que ha afectado la sostenibilidad financiera del sistema.
Tutelas y quejas: cifras que alarman
Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento en las acciones judiciales por fallas en la prestación del servicio. La Corte Constitucional de Colombia reportó más de 312.000 tutelas en 2025, el doble de las registradas en 2022.
La mayoría de estas acciones provienen de afiliados a EPS intervenidas, quienes recurren a la justicia para acceder a servicios básicos como consultas, cirugías o medicamentos.
Además, la Procuraduría evidenció un incremento del 183 % en los incidentes de desacato, lo que refleja el incumplimiento de órdenes judiciales por parte de las entidades de salud.
Deterioro financiero y operativo
Las cifras financieras también reflejan la gravedad del problema. En los últimos dos años:
- Los pasivos de las EPS intervenidas pasaron de 12,8 billones en 2022 a 30,4 billones en 2024.
- El 75 % de estas entidades aumentó considerablemente sus gastos administrativos.
- El 78 % presenta mayores niveles de siniestralidad frente al periodo previo a la intervención.
A esto se suma la falta de planes efectivos para garantizar la prestación del servicio. Según la Procuraduría, no existen medidas concretas por parte de los interventores para asegurar la entrega oportuna de medicamentos ni la atención en condiciones adecuadas.
Suspensiones que agravan la incertidumbre
La crisis también ha derivado en decisiones disciplinarias. El organismo de control suspendió a varios interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud, argumentando incumplimientos en sus funciones.
Entre los casos más relevantes están:
- Interventores de SaviaSalud y Servicio Occidental de Salud
- El agente de Coosalud, tras aumento de PQR y tutelas
- El responsable de AsmetSalud, donde se dispararon las acciones judiciales
- La interventora de Capresoca, por deterioro financiero y fallas en el servicio
Estas decisiones han dejado en evidencia problemas estructurales en la gestión de las EPS intervenidas.
El caso crítico de Nueva EPS
La situación es especialmente delicada en la Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.
Según la Procuraduría, la entidad no cuenta con estados financieros actualizados ni auditorías contratadas, y opera con retrasos en la revisión de facturas. Además, enfrenta un limbo jurídico tras el vencimiento de su intervención, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro.
El Gobierno evalúa extender la medida, mientras el ente de control exige explicaciones claras sobre las razones de una posible prórroga.
Un sistema en riesgo
La crisis de las EPS no solo afecta a las entidades, sino directamente a millones de colombianos que dependen del sistema de salud. La falta de acceso oportuno a servicios, el aumento de tutelas y el deterioro financiero configuran un escenario de riesgo sistémico.
Ante este panorama, la Corte Constitucional convocó una mesa técnica para el 13 de abril, en la que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deberá responder por las fallas en el financiamiento del sistema, especialmente en relación con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
¿El efecto dominó ya comenzó?
Lo que en 2023 fue una advertencia del presidente Petro hoy se refleja en cifras concretas. El “shu, shu, shu” que describía la caída en cadena de las EPS parece materializarse en un sistema que enfrenta problemas estructurales sin resolver.
La pregunta ahora no es si el sistema está en crisis, sino qué tan profundo será el impacto y qué medidas se tomarán para evitar un colapso mayor.
El futuro del modelo de salud en Colombia dependerá de decisiones urgentes, coordinación institucional y soluciones estructurales que permitan recuperar la confianza y garantizar el derecho fundamental a la salud.
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